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La expectativa pública por la medida de coerción en el caso SeNaSa derivó en fuertes cuestionamientos sobre el alcance real de las decisiones judiciales adoptadas. Así lo afirmó el coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, al analizar el proceso y sus implicaciones.
Martínez Pozo recordó que a Santiago Hazim y a los exfuncionarios vinculados al Seguro Nacional de Salud —Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Mecina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya Pérez y Ramón Alan Spacler Mateo— se les impuso prisión preventiva por 18 meses, lo que calificó como “una pena anticipada”.
Sin embargo, sostuvo que el proceso evidenció señales preocupantes. “Se coló por las rendijas de la indignación popular el criterio de impunidad”, advirtió, al referirse a decisiones que, a su juicio, favorecieron a otros implicados.
El comunicador cuestionó en su comentario de este lunes que personas señaladas como empresarios quedaran fuera de la prisión preventiva. “No se le puede llamar empresario al que acepta un negocio donde le plantean devolver un 30 %. Desde que usted lo acepta sabe que no es un negocio, es un robo”, afirmó.
En ese contexto, mencionó a Cynthia Costa Ascensión, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, al tiempo que rechazó que se les catalogue como empresarios.
“Todo el que aceptó eso sabe que se le estaba invitando a un robo y ha sido partícipe de un robo”, insistió.
Martínez Pozo defendió que la actividad empresarial legítima implica crear bienestar y generar beneficios dentro de parámetros éticos. “El beneficio económico tiene que ser dentro de unos parámetros éticos”, subrayó durante su comentario.
También retomó su postura sobre la naturaleza de SeNaSa. “Si es una empresa del Estado, tiene que alcanzar beneficios. Si no los alcanza, hay cosas sospechosas”, dijo, al señalar que, de no cumplir ese rol, debería replantearse su figura institucional.
El coordinador de El Sol de la Mañana criticó la aplicación del llamado criterio de oportunidad. A su entender, se ha usado como “criterio de impunidad”. “No puede exonerar de condena a un culpable; solo se puede solicitar reducción de pena”, explicó.
Afirmó que prácticas como enviar imputados “para su casa” constituyen una desviación grave. “Eso es un acto abierto de prevaricación”, sostuvo, al advertir que nadie puede indultar criminales fuera de los marcos constitucionales.
Sobre el origen del esquema, Martínez Pozo planteó que no se trata de un modelo local. “El modelo no es made in RD; es made in USA. Es el mismo que se ha aplicado en estafas al Medicare”, afirmó, señalando que se trataría de una reproducción aprendida en Estados Unidos.
Finalmente, llamó a revisar el relato sobre algunos de los involucrados. “No creo que nadie que haya generado una fortuna producto de su trabajo se comporte como un loco viejo, echando por la borda su historial”, concluyó, al referirse a las revelaciones patrimoniales que han surgido en el caso.