x
Infobae- Un escándalo de alcance nacional salió a la luz en Estados Unidos, implicando a líderes de cuerpos de seguridad en la venta ilegal de armas restringidas. Una investigación de CBS News reveló que más de 50 casos en las últimas dos décadas involucran a agentes de policía y otros funcionarios que adquirieron armamento militar bajo falsas premisas y lo vendieron con fines de lucro. Estas actividades han tenido consecuencias mortales y han alimentado el crimen organizado en varios estados del país.
De acuerdo con CBS News, en la pequeña localidad de Adair, Iowa, con apenas 794 habitantes, el jefe de policía Bradley Wendt utilizó su posición para solicitar la compra de 90 armas automáticas, entre ellas una ametralladora M134 tipo Gatling capaz de disparar 6.000 proyectiles por minuto. Este armamento, diseñado para uso militar, fue adquirido mediante permisos federales bajo el pretexto de necesidades policiales. Sin embargo, una investigación federal descubrió que Wendt había vendido estas armas de manera ilegal para su beneficio personal.
Wendt fue hallado culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos, mentir a las autoridades federales y posesión ilegal de un arma automática. Aunque fue sentenciado a cinco años de prisión, mantiene su inocencia y apeló la condena. “Si soy culpable de esto, todos los policías del país irán a la cárcel”, afirmó a CBS News.
Un problema nacional
El caso de Wendt es solo un ejemplo de un fenómeno más amplio. Según CBS News, líderes policiales de 23 estados, Puerto Rico y Washington D.C., incluidos sheriffs, capitanes, tenientes y jefes de policía, han estado involucrados en esquemas similares. Estos funcionarios utilizaron su acceso privilegiado para obtener armas de guerra, como ametralladoras y granadas, y venderlas con márgenes de ganancia de hasta el 900%.
Entre 2017 y 2021, casi 26.000 armas recuperadas en escenas del crimen en Estados Unidos fueron rastreadas hasta agencias gubernamentales, cuerpos policiales o el ejército, según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Aunque no se sabe cuántas de estas armas fueron robadas, perdidas o vendidas ilegalmente, auditorías gubernamentales encontraron que más de dos tercios de las armas reportadas como “extraviadas” en un periodo de 15 años no estaban desaparecidas, sino que habían sido vendidas o intercambiadas ilegalmente.
Armas vinculadas al crimen violento
El impacto de estas ventas ilegales va más allá de las ganancias ilícitas. Las armas han llegado a manos de delincuentes peligrosos y se han utilizado en crímenes graves. En un caso particularmente trágico, un arma vendida ilegalmente fue utilizada en el tiroteo fatal de un adolescente de 14 años durante un partido de fútbol americano en una escuela secundaria.
Según la investigación, en 2011, una red de contrabando en Nuevo México liderada por un jefe de policía, un alcalde y un miembro del consejo municipal suministró armas automáticas a un cartel mexicano. Una década después, otra conspiración multiestatal vinculó a un traficante de armas ruso con varios policías y un veterano de las fuerzas especiales estadounidenses, quienes vendieron ametralladoras directamente a un traficante criminal.
Fallas en la supervisión y complicidad dentro de la ATF
El sistema de supervisión para el acceso y uso de armas restringidas por parte de las agencias policiales ha mostrado serias fallas. Hasta enero de 2023, la ATF no verificaba exhaustivamente las solicitudes de armas automáticas para asegurarse de que provenían de agencias legítimas o para evaluar la necesidad de estas armas en contextos locales. Según Tim Graden, exagente supervisor de la ATF, “no hay auditorías ni cuestionamientos” sobre cómo se utilizan estas armas.
En Iowa, por ejemplo, la ATF no rechazó ninguna solicitud de armas automáticas en los últimos cinco años basándose en su idoneidad. Actualmente, más de 1.200 ametralladoras están registradas para uso policial en el estado.
Además, un informe de la Oficina del Inspector General reveló que más de 100 millones de dólares en armas y municiones compradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no se pudieron rastrear. Aunque la agencia prometió mejorar sus prácticas de inventario, no se realizaron investigaciones sobre las armas desaparecidas, y ICE no respondió a las solicitudes de comentarios de CBS News.
Cultura de impunidad
La falta de voluntad para perseguir legalmente a los infractores dentro de las fuerzas del orden ha agravado el problema. Según un memorando interno de la ATF en 2017, la política predominante era educar, no investigar, a los oficiales implicados. “No buscamos procesar a nuestros colegas policías”, dijo Eric Harden, exagente especial a cargo de la división de Los Ángeles.
Harden escribió el memorando después de que su unidad rastreara una pistola ilegal confiscada en un operativo antidrogas hasta un oficial que había vendido más de 100 armas desde su casa. Aunque el oficial se declaró culpable, cumplió menos de un año en prisión y pudo conservar bienes de lujo como un Porsche y un Alfa Romeo.
Por otro lado, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza operó durante 20 años un esquema de tráfico de armas que incluyó 250 armas, entre ellas 41 ametralladoras. Fue arrestado en 2019 y, tras declararse culpable, recibió una condena de prisión federal.