Policía frustra presunto fraude inmobiliario de RD$4.6 millones en Santiago

Santiago. La Policía Nacional desmanteló un presunto fraude inmobiliario de RD$4.6 millones y arrestó a dos personas acusadas de intentar concretar la venta ilegal de un inmueble mediante el uso de documentos presuntamente falsificados, en un hecho ocurrido en esta ciudad.

Investigación permitió impedir la operación

Los detenidos son Tomás Norberto Lantigua Pineda, de 41 años, y Rosa Inés Sánchez Batista, de 35, ambos residentes en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. Fueron arrestados por agentes de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, adscritos al destacamento Plaza Valerio, tras una labor de inteligencia y vigilancia.

De acuerdo con el informe preliminar, los imputados acudieron el pasado 19 de mayo a una oficina de abogados de Santiago, donde presuntamente formalizaron la venta fraudulenta de una propiedad por RD$4.6 millones.

• Como parte de la maniobra, habrían recibido dos cheques por un monto de RD$2.6 millones, emitidos por una entidad bancaria de Santo Domingo. Las investigaciones establecieron que posteriormente intentaron negociar esos valores utilizando documentación presuntamente adulterada, lo que permitió la intervención de las autoridades antes de que el fraude se consumara.

Ocupan documentos presuntamente falsificados

Durante el operativo, los agentes ocuparon múltiples copias de cédulas de identidad presuntamente falsas, títulos de propiedad, actos de venta y otros documentos notariales con aparentes indicios de falsificación. Al momento del arresto, los sospechosos se desplazaban en una yipeta SsangYong Rexton RX270, de color azul.

Los detenidos y todas las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

• La Policía Nacional informó que continuará fortaleciendo las investigaciones para combatir las redes dedicadas a la falsificación de documentos y los fraudes inmobiliarios, al considerar que estos delitos representan una amenaza para la seguridad jurídica y el patrimonio de los ciudadanos.