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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó este sábado el informe preliminar emitido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto a la reciente elección judicial del 1 de junio, señalando que el organismo no tiene competencia para emitir recomendaciones sobre la forma en que un país estructura su sistema de justicia.
«No está dentro de sus funciones dar recomendaciones sobre cómo un país debe decidir su Poder Judicial», afirmó la mandataria durante una escala de su gira por el estado de Morelos, en declaraciones a medios en el municipio de Coatetelco.
«La Organización de Estados Americanos envió a unos observadores a México el día de la elección, y está bien que opinen si fue pacífica y si no hubo problemas», expresó. «Pero ahora quieren opinar sobre el sistema que los mexicanos decidieron para elegir a los miembros de la Corte, los magistrados y los jueces. No tienen atribución para ello. Que la OEA opine sobre cómo se desarrolló la elección, pero que se reserve sus recomendaciones (…)», añadió Sheinbaum.
La jefa de Estado subrayó que la propia Carta de la OEA reconoce la soberanía de las naciones para organizar sus sistemas políticos y judiciales, y, por lo tanto, cuestionó el alcance de la misión de observación del organismo hemisférico.
Postura oficial: rechazo diplomático por parte de México
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también expresó su rechazo a través de una nota diplomática enviada al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en la cual se acusó a la Misión de Observación Electoral (MOE) de haber "excedido su mandato e incurrido en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización".
En ese documento, el gobierno mexicano citó el artículo 3 (e) de dicho instrumento internacional, el cual establece que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse de la forma que más le convenga”.
La controversia surgió después de que la MOE recomendara evitar replicar el modelo mexicano de elección directa de jueces y magistrados en otros países, tras advertir que el proceso, en el cual solo participó el 13 % del electorado, podría poner en riesgo la imparcialidad e independencia del poder judicial.
La Cancillería mexicana calificó dichas observaciones como "juicios de valor que exceden sus atribuciones" y defendió la legalidad del proceso, asegurando que "la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio se ajustaron estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en México".
Elección judicial histórica y cuestionada
El proceso en cuestión se originó a partir de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mediante la cual, por primera vez, se eligieron mediante voto popular más de 880 cargos judiciales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La OEA advirtió que este sistema, sin precedentes a nivel internacional, podría comprometer la independencia del poder judicial y señaló que, de mantenerse el calendario actual, las elecciones de 2027 coincidirían con los comicios generales del país, lo que podría aumentar la injerencia partidista.