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Los principales poderes del Estado se reunieron este viernes en el Congreso Nacional para buscar una salida urgente a la reforma del Código Procesal Penal (CPP), luego de que una sentencia del Tribunal Constitucional otorgara un plazo hasta el 11 de diciembre para aprobar una nueva ley que sustituya la normativa anulada en 2024.
La reunión, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tiene como objetivo consensuar los puntos de divergencia del proyecto ya aprobado por el Senado y acelerar su aprobación antes del vencimiento del plazo.
Pacheco recordó que, de no cumplir con la decisión del Tribunal Constitucional, el país tendría que regirse nuevamente por el Código Procesal Penal de 2002, que no contempla los avances incorporados en la reforma de 2015. “Estamos aquí para garantizar que el país sepa que estamos trabajando para cumplir con la sentencia”, afirmó.
En el encuentro participan el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; representantes de la Cámara de Diputados; la procuradora Yeni Berenice Reynoso; el juez de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto; miembros de la Defensa Pública y otros legisladores.
La sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en diciembre de 2024, estableció que la Ley 10-15 no fue aprobada correctamente y ordenó al Congreso aprobar una nueva normativa en el plazo de un año. El fallo advierte que, si no se cumple, el CPP vigente sería expulsado del ordenamiento jurídico, provocando un retroceso hacia la versión del año 2002.
El consultor jurídico Antoliano Peralta indicó que la comisión analizará todos los puntos en conflicto para lograr un texto final que pueda ser aprobado antes del 11 de diciembre. “Vamos a revisar las diferencias, consensuarlas y avanzar con la aprobación”, aseguró.
Estos elementos deberán ser armonizados entre los tres poderes del Estado en un tiempo extremadamente reducido.
Tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial buscan evitar que el país regrese a un marco procesal más débil y menos garantista. La expectativa es que la próxima semana el proyecto avance en la Cámara de Diputados, una vez concluido el proceso de consensos.