El Consejo del Poder Judicial (CPJ) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmaron un acuerdo interinstitucional destinado a reforzar la seguridad jurídica y la protección de las áreas protegidas del país. El convenio fue suscrito por Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial; Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario (RI); y Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente.
Al valorar la iniciativa, Noboa destacó que el acuerdo “fortalece la interoperabilidad entre el Registro Inmobiliario y el Ministerio de Medio Ambiente para impulsar estrategias orientadas a la preservación de áreas protegidas y recursos naturales, con el propósito de simplificar los procesos inmobiliarios y garantizar la seguridad y publicidad de estos”.
De su lado, el ministro Henríquez afirmó que el convenio reafirma el compromiso de “proteger las áreas protegidas y garantizar que cada metro del patrimonio natural del país esté correctamente delimitado y bajo seguridad jurídica”. Aseguró que el trabajo conjunto con el Poder Judicial permitirá fortalecer la transparencia, la eficiencia registral y la defensa efectiva de los recursos naturales.
El CPJ, a través del Registro Inmobiliario, se comprometió a ofrecer asistencia legal y apoyo técnico en las labores catastrales necesarias para establecer y actualizar los perímetros de las áreas protegidas, así como para determinar los terrenos que correspondan al Estado dominicano dentro de estas zonas y sus áreas de amortiguamiento.
Además, dará soporte a los procesos de titulación e inscripción registral de dichas áreas, y habilitará herramientas informáticas que permitan a ambas instituciones consultar en tiempo real el estado de los expedientes y acceder a información registral y catastral.
Por su parte, Medio Ambiente ofrecerá información actualizada sobre las delimitaciones de las áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y otras áreas de relevancia ecológica. También será responsable de someter los expedientes para la titulación de estas zonas, debidamente identificadas e incluyendo los inmuebles registrados previos a la ley sectorial.
Asimismo, la institución apoyará la implementación de programas de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales en las dependencias del Poder Judicial.
El acuerdo establece que ambas entidades deberán mantener la integridad y confidencialidad de la información intercambiada. Se prohíbe expresamente copiar, ceder, vender, prestar o transferir a terceros, de manera onerosa o gratuita, los datos suministrados. La vigencia del convenio será de cuatro años.
Se recuerda que ambas instituciones habían firmado un acuerdo similar en febrero de 2021, con una duración también de cuatro años, destinado a facilitar el intercambio de recursos para preservar el medio ambiente.