El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó este lunes su preocupación por el patrón creciente de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, reportadas como “intercambios de disparos”, que, según estándares internacionales y evidencia pública, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
En rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD, acompañado por Juan Temístocles Montás, Zoraima Cuello y Domingo Jiménez Reyes, afirmó que en los últimos meses se han registrado alrededor de 50 muertes en estas circunstancias, mientras que en julio se reseñaron 82 casos en la prensa nacional.
Lorenzo advirtió que, en contraste con la reducción de la tasa de homicidios reportada por el Gobierno (7.9 en mayo y 8.22 en julio de 2025), las muertes por intervención policial han aumentado en un 195% en los últimos cuatro años.
El PLD recordó que el Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos documentó denuncias creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por parte de agentes estatales.
En ese contexto, exigió investigaciones penales independientes en cada caso, aplicando el Protocolo de Minnesota de la ONU para muertes potencialmente ilícitas, y la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas, con preservación íntegra de las evidencias.
La organización política propuso medidas inmediatas como la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, la implementación nacional de cámaras corporales con activación obligatoria y sanciones automáticas por manipulación de estos dispositivos, así como la publicación de un tablero mensual de uso de la fuerza con datos desagregados por provincia y unidad.
También sugirió programas de capacitación y recertificación en uso diferenciado de la fuerza, asistencia técnica internacional y un plan integral de rendición de cuentas.
“Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición de los hechos que denunciamos. Ninguna política pública debe medir su éxito por la cantidad de ‘abatidos’, sino por la reducción sostenible del delito dentro del marco constitucional”, concluyó Lorenzo.