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Santo Domingo. Tras la aprobación del Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, conocido como plan anticrisis, economistas y sectores vinculados al ámbito productivo han llamado la atención sobre disposiciones específicas que, aunque forman parte de una propuesta con objetivos de modernización y simplificación, podrían generar preocupación en materia de seguridad jurídica, inversión, competitividad y debido proceso.
El economista Juan Ariel Jiménez advirtió que algunos puntos del proyecto deben ser revisados con detenimiento, especialmente aquellos que pudieran acercarse al esquema conocido como “pay now, argue later”, es decir, “pague ahora y reclame después”, por sus posibles efectos sobre la certidumbre impositiva y la confianza de los inversionistas.
La preocupación principal radica en que, aunque el texto no establezca expresamente la obligación de pagar para recurrir, algunas disposiciones podrían llevar al contribuyente a tener que pagar primero una deuda cuestionada para evitar embargos, sanciones o medidas conservatorias mientras ejerce su derecho de defensa.
A estas observaciones se sumó el economista Ysrael Abreu, quien, durante una intervención en RCC Noticias con Ariel Manzanillo, advirtió que algunas medidas contempladas en el proyecto podrían afectar la captación de inversión extranjera y sectores estratégicos para la economía dominicana, como el turismo, la construcción, el mercado inmobiliario y la industria.
Abreu explicó que República Dominicana ha apostado durante años por consolidarse como una economía de servicios y por atraer capitales destinados a hoteles, proyectos inmobiliarios, ecoturismo y otras iniciativas vinculadas al desarrollo turístico.
En ese sentido, señaló que cualquier disposición que reduzca la competitividad fiscal, incremente la incertidumbre o afecte la predictibilidad de las reglas podría influir en las decisiones de nuevos inversionistas.
El economista sostuvo que el objetivo no debe ser rechazar el plan anticrisis, sino revisar aquellos aspectos que pudieran afectar la seguridad jurídica y la confianza del sector productivo. Consideró que una reforma orientada a modernizar el sistema tributario debe garantizar reglas claras, estabilidad normativa y respeto al debido proceso.
Por su parte, el economista y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Richard Medina, cuestionó la rapidez con la que el Congreso Nacional conoció, aprobó y convirtió en ley la iniciativa.
Durante una entrevista en el programa El Rumbo de la Mañana, Medina manifestó preocupación por el corto tiempo utilizado por los legisladores para estudiar, debatir y sancionar una propuesta de amplio impacto sobre la economía nacional.
Medina consideró que una reforma de esta naturaleza requería un análisis más detenido, especialmente por sus posibles efectos sobre la seguridad jurídica, el derecho de defensa del contribuyente, la liquidez empresarial y la competitividad de los sectores productivos.
Sectores económicos entienden que una reforma orientada a fortalecer las finanzas públicas debe garantizar, al mismo tiempo, estabilidad normativa y respeto al debido proceso. En ese sentido, advierten que ningún inversionista, nacional o extranjero, invierte con tranquilidad en un entorno donde defenderse de un cobro cuestionable pueda implicar comprometer su capital de trabajo por adelantado.
Asimismo, han señalado que los elementos esenciales del régimen tributario deben quedar claramente definidos en la ley y no depender de normas o reglamentos administrativos que puedan ser modificados posteriormente. La predictibilidad, sostienen, es uno de los principales activos para atraer inversión y permitir que las empresas puedan planificar a largo plazo.
Otro de los puntos observados es la posibilidad de que la mora sea tratada como una sanción automática, sin requerimiento ni actuación previa de la administración. Para los sectores que han manifestado preocupación, la eficiencia recaudatoria y el debido proceso no deben verse como principios enfrentados, sino como elementos que deben coexistir dentro de una reforma moderna.
También se ha advertido sobre el impacto que algunas medidas podrían tener en la liquidez de proveedores, contratistas y pequeñas empresas, especialmente si se modifican los calendarios de pagos o retenciones de manera que afecten el flujo de caja de quienes producen y generan empleos.
El llamado, sin embargo, no es a rechazar los objetivos del plan anticrisis. Por el contrario, los economistas reconocen la importancia de modernizar, simplificar y fortalecer el sistema fiscal, pero entienden que deben corregirse aquellas disposiciones que puedan generar incertidumbre, afectar la inversión o debilitar la confianza del sector productivo.
La posición que comienza a tomar fuerza dentro del debate económico es que el país necesita una reforma moderna, pero también una reforma que preserve la seguridad jurídica, el derecho de defensa, la inversión, la liquidez empresarial y la competitividad de sectores esenciales como el turismo y la industria.
En ese contexto, economistas y representantes de sectores productivos esperan que las autoridades puedan revisar los aspectos señalados, preservar los elementos positivos de la propuesta y evitar que su aplicación produzca efectos contrarios a los objetivos de crecimiento, estabilidad y generación de empleos que promueve el propio plan.