Piden liberar haitiano detenido en PR tras llevar a su esposa embarazada al médico

La detención de Pierre es impugnada por la ACLU ante la posible deportación, resaltando el riesgo humanitario y el impacto familiar. Critican la falta de transparencia y condiciones en centros de detención.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico solicitó este martes la liberación de Alberto Pierre, un migrante haitiano arrestado en Nochebuena en Puerto Rico cuando acompañaba a su esposa embarazada a una cita médica, pese a no representar riesgo de fuga ni peligro para la comunidad y no tener récord criminal.

En un comunicado, el director legal de la ACLU en la isla, Fermín Arraiza, calificó la detención como “cruel e injustificada” y afirmó que vulnera el debido proceso y el derecho a la unidad familiar.

La organización presentó una petición de habeas corpus de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para impugnar la detención y evitar un traslado fuera de la jurisdicción.

Pierre fue detenido el 24 de diciembre por agentes federales cerca de una clínica en la avenida Borinquen, en Barrio Obrero, Santurce, San Juan. La ACLU pidió al tribunal ordenar su liberación inmediata y frenar cualquier traslado que, según advierte, agravaría el daño a su familia y limitaría su acceso a representación legal.

Contexto familiar y riesgo humanitario

Pierre reside en Puerto Rico desde 2022. Es padre de un niño ciudadano estadounidense de un año y pareja consensual de una mujer dominicana, residente permanente legal, actualmente embarazada de su segundo hijo. La ACLU subrayó que el embarazo es de alto riesgo y que la familia depende del detenido.

Detención y garantías legales

La organización sostiene que la ley federal establece supuestos específicos para la detención obligatoria que no aplican en este caso. Además, indicó que Pierre había solicitado Estatus de Protección Temporal (TPS) y autorización de empleo.

La directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, Annette Martínez, afirmó que “las políticas de detención y traslado acelerado castigan a las familias y debilitan garantías constitucionales”.

La ACLU también alertó sobre la opacidad en los traslados de personas detenidas por Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como sobre denuncias de condiciones infrahumanas en centros de detención.