El Ministerio Público solicitó que se declare el caso como complejo y se impongan 18 meses de prisión preventiva a un hombre y una mujer, señalados como cabecillas de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, la cual fue desmantelada en la provincia de Puerto Plata.
Los imputados Julio de la Cruz Vásquez (alias *Nacho* o *Gordo*) y Leonelis Rodríguez Martínez fueron sometidos a la justicia, y la solicitud de medidas de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata.
Ambos enfrentan cargos por trata de personas agravada, abuso psicológico y sexual contra menores de edad, y proxenetismo agravado, en violación de las leyes 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como del Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03). A De la Cruz Vásquez también se le imputa el delito de usurpación de funciones.
La orden de arresto se ejecutó después de que las autoridades determinaron que los acusados se dedicaban a captar, trasladar y ofrecer mujeres y adolescentes de diferentes barrios de Puerto Plata con fines de explotación sexual.
La acción contra la red se puso en marcha el pasado 30 de mayo, tras el inicio de una investigación liderada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata, encabezadas por sus titulares: la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez y el fiscal Warlyn Taveras. También participaron la fiscal de la PETT, Noelia Taveras, y los fiscales de Puerto Plata, Carmen Daynisa Rosario Pascual, Carmelina Soto e Hilda Patricia Lagombra Polanco.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público llevó a cabo un conjunto de acciones de inteligencia e intervenciones estratégicas, que permitieron destapar un esquema estructurado y recurrente de criminalidad organizada.
Como parte de la investigación, se allanó una villa de dos niveles ubicada en la calle principal del sector Cupey, en el municipio de San Felipe, la cual era utilizada por la red como centro de operaciones. En el lugar fueron rescatadas nueve víctimas, entre ellas seis mujeres de entre 18 y 28 años, y tres adolescentes de 17 años.
Durante la investigación se determinó que en la villa se ofrecían servicios sexuales de mujeres y adolescentes de entre 15 y 17 años, previo pago de sumas que oscilaban entre 120, 200, 250 y 400 dólares. En una de las transacciones se comprobó que el imputado De la Cruz Vásquez recibió la suma de 1,600 dólares por un solo servicio.
Durante el operativo se incautaron un vehículo tipo minibús, dinero en pesos y dólares, teléfonos móviles y diversas bebidas alcohólicas. También se encontró un carné de identificación como empleado de contratación temporal de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), a nombre del procesado De la Cruz Vásquez.
Las acciones contra esta red comenzaron después de que, el 13 de marzo de 2025, la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, recibiera una denuncia confidencial que dio origen a la investigación.