La Fiscalía de La Vega presentó este sábado una solicitud de medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva contra el subdirector y seis agentes del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, acusados de agresiones sistemáticas contra internos, incluyendo la muerte de uno de ellos.
Además, el Ministerio Público pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja, citando la gravedad de los hechos y la amplia cantidad de pruebas recopiladas durante la investigación, que incluyen documentación, peritajes, material probatorio e imágenes ilustrativas.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, informó que la investigación, denominada "Caso Antídoto II", comenzó luego de una denuncia presentada el 30 de agosto de 2024 por la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que alertó sobre torturas y maltratos dentro del penal.
Los imputados en el caso son:
Las acusaciones incluyen delitos como coalición de funcionarios, abuso de autoridad, asociación de malhechores, homicidio agravado y actos de tortura y barbarie, de acuerdo con los artículos 123, 124, 125, 186, 265, 266, 295, 302 y 303 del Código Penal Dominicano.
En particular, los agentes Jerez, Meregildo y Beltré también enfrentan cargos por golpes y heridas voluntarias, según los artículos 309 y 303 del Código Penal.
El expediente detalla que el recluso Wilgens Nicolás Vargas falleció el 1 de septiembre de 2024 como consecuencia de los abusos dentro del penal, lo que agrava la responsabilidad penal de los acusados.
El Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva es la medida más adecuada para evitar la obstrucción de la investigación y garantizar la presencia de los imputados durante el proceso judicial.
"La gravedad de los hechos y la posible pena a imponer hacen que exista un alto riesgo de fuga, además de que los imputados, en su condición de agentes penitenciarios, podrían influir en testigos o en la recolección de pruebas si permanecen en libertad", argumenta el Ministerio Público en su solicitud.
Finalmente, la Fiscalía de La Vega destacó en su comunicado que este caso forma parte de los esfuerzos por combatir la corrupción y los abusos en el sistema penitenciario, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.