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Alrededor de 30.500 viviendas continúan sin suministro eléctrico este lunes en el suroeste de Berlín, dos días después del presunto sabotaje ocurrido el sábado y atribuido a un grupo de extrema izquierda.
El incidente dejó inicialmente a unas 45.000 viviendas sin luz y fue condenado este lunes por el Gobierno alemán como un ataque grave contra infraestructuras críticas.
El alcalde de Berlín, Kai Wegner, reconoció que la normalización del servicio avanza con dificultad. “La situación sigue siendo un reto”, afirmó, al tiempo que explicó que las autoridades locales han habilitado albergues de emergencia y coordinan con hoteles para alojar a los vecinos afectados.
Destacó además que ya se logró restablecer el suministro en 46 de las 47 residencias de ancianos que habían quedado sin electricidad.
Wegner respondió también a las críticas por la lentitud de las reparaciones, que según el operador de la red no concluirán hasta el próximo jueves.
El alcalde apuntó a la “complejidad” de los daños en el cableado y a las temperaturas bajo cero, que dificultan los trabajos técnicos, y aseguró que se analizan soluciones alternativas para reconectar a los hogares que siguen sin luz, calefacción y, en muchos casos, sin cobertura móvil.
Desde el Gobierno regional, la senadora de Interior, Iris Spranger, calificó el sabotaje no como un simple acto de “extremismo de izquierdas”, sino de “terrorismo de izquierdas”, y reclamó que el caso sea asumido por la Fiscalía General del Estado.
El ataque fue reivindicado en un escrito difundido en internet por el autodenominado “Grupo Volcán”, un supuesto colectivo de inspiración anarquista que desde 2011 se ha atribuido una decena de acciones contra infraestructuras.
En su manifiesto, el “Grupo Volcán” aseguró que no pretendía dañar a particulares, sino sabotear la central de gas de Berlín-Lichterfelde por motivos medioambientales y de lucha contra el capitalismo. Sin embargo, el portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Sebastian Hille, fue tajante al condenar los hechos:
“Un ataque así contra nuestra infraestructura eléctrica es un delito grave que no se puede justificar de ninguna manera. Los perpetradores han puesto en riesgo conscientemente a personas, en especial a pacientes hospitalarios, ancianos y familias con niños pequeños”.
Hille subrayó que la prioridad inmediata es restablecer el suministro eléctrico y aclarar lo ocurrido para que los responsables comparezcan ante la justicia. Por su parte, una portavoz del Ministerio del Interior, Sonja Kock, indicó que la Oficina para la Protección de la Constitución está analizando el escrito de reivindicación, aunque advirtió que el examen aún no ha concluido.
Añadió que en los últimos tiempos se ha registrado un aumento cualitativo de los ataques contra infraestructuras críticas y que la quema de cables suele “pertenecer al repertorio de los círculos de extrema izquierda”.