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El ingeniero Radhamés del Carmen Marínez, exfuncionario del sector energético, ofreció detalles sobre las pérdidas de energía en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) durante su gestión y la comparó con los primeros cuatro años del gobierno actual, liderado por Luis Abinader.
Según Marínez, quien habló en una entrevista en El Sol de la Mañana, durante los cuatro años del PLD (2016-2019), las pérdidas totales de energía se situaban en torno al 30%, mientras que al cierre del 2024, bajo la administración del PRM, alcanzaron el 37,6%. "El CRI (coeficiente de recuperación de ingresos) estaba en 70,5% y ahora apenas llega al 58%. Solo se cobra 58 de cada 100 que se ponen en línea", explicó el ingeniero.
El exfuncionario detalló que Edesur y Edenorte han visto incrementos significativos en las pérdidas: Edesur pasó de 20% en 2019 a 33% en 2024, mientras que Edenorte aumentó de 20% a 26-27%.
Maríñez criticó la manera en que el Ministerio Público ha manejado denuncias en su contra, tras la entrega de la gestión a la nueva administración. Según explicó, se le incluyó en un expediente judicial sin citación previa, se bloquearon sus cuentas, tarjetas de crédito y hasta la matrícula de su vehículo. "Soy un muerto en vida. No he podido acceder a mis recursos, ni sacar marbete desde 2020", aseguró.
El ingeniero explicó que la auditoría que derivó en la querella se realizó con información parcial y sin considerar los reportes completos de su gestión, los cuales, asegura, estaban disponibles públicamente y respaldados por la transparencia de cuatro años de labor. Además, cuestionó que quienes estaban al frente de la administración durante irregularidades recientes no hayan sido sometidos.
Marínez calificó estas acciones como un "abuso incalificable" y resaltó que el Estado y el Ministerio Público deben garantizar un debido proceso. Indicó que la Superintendencia de Bancos y las autoridades competentes ya están revisando su caso para corregir estas irregularidades.
El ingeniero concluyó señalando que las verdaderas responsabilidades deben ser asumidas por quienes generaron problemas en el sistema eléctrico y no por los técnicos que dejaron administraciones eficientes, dejando en evidencia la preocupación por la transparencia y el manejo de los recursos públicos.