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La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compañeros continúan recurriendo a tácticas dilatorias con el objetivo de retrasar el avance del juicio en el que son procesados por sustraer del erario miles de millones de pesos.
"En el día de hoy, como siempre, el Ministerio Público estaba listo para la presentación de la acusación y el conocimiento de este proceso. Han sido las defensas quienes han demandado la suspensión de la audiencia, alegando desconocer el auto de apertura a juicio ordenado por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que incorpora nuevamente al imputado Juan Azael Martínez al proceso", explicó Ortiz.
La representante del Ministerio Público recordó que dicho auto de apertura se fundamenta en los mismos hechos y en las mismas pruebas contenidas en la acusación inicial.
"El Ministerio Público ha solicitado al tribunal rechazar la suspensión y ha motivado a las juezas para que den inicio a este proceso. No ha sido por responsabilidad del Ministerio Público que el juicio no se haya iniciado. Más que un alegado derecho de defensa, lo que existe es una clara táctica dilatoria para impedir el avance del proceso", manifestó.
Ortiz recordó que se trató de la cuarta ocasión en que la audiencia es aplazada por incidentes planteados exclusivamente por las defensas. "Reiteramos: estuvimos listos, estamos listos y estaremos listos para el 22 de septiembre, fecha en que confiamos en que se dé inicio a este juicio", puntualizó.
Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente.
En el caso, además de Jean Alain Rodríguez y Alfredo Alexander Solano Augusto, también están implicados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020).
Según el expediente acusatorio, el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.
La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente involucradas en esta red de corrupción.