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El presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, expresó este lunes su preocupación por la decisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de dejar sin efecto, de manera temporal, el cobro establecido en la Ley de Residuos Sólidos, al considerar que se trata de una acción contraria al orden constitucional.
Durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana, Richardson calificó la medida como una “rebeldía tributaria” y "una acción ilegal e inconstitucional" que atenta contra la institucionalidad del país, insistiendo en que ninguna autoridad puede suspender la aplicación de una ley mediante resoluciones administrativas o decretos.
El dirigente municipal fue enfático al señalar que el marco jurídico dominicano establece claramente los mecanismos para modificar una legislación, por lo que cualquier intento de suspenderla fuera de esos procedimientos constituye una violación a la Constitución.
“Una resolución no puede suspender una ley. Una ley no se puede suspender por un decreto. Usted puede modificar la ley, pero usted no puede ordenar su suspensión”, sostuvo, al advertir sobre el precedente que podría sentarse con este tipo de decisiones.
Richardson aseguró que la suspensión del cobro responde a presiones ejercidas por sectores interesados, ante el curso de procesos legales en el Tribunal Constitucional relacionados con la aplicación de la normativa. Indicó que esta situación ha derivado en una acción que calificó de “ilegal e inconstitucional”.
En ese sentido, advirtió que este tipo de decisiones debilitan la seguridad jurídica del país, lo que podría afectar la confianza de inversionistas y actores económicos.
El presidente de Fedodim anunció que convocará a las entidades municipales y sus organizaciones asociativas para definir una postura conjunta frente a la situación, dejando abiertas todas las vías legales para hacer valer la ley.
Sostuvo que la defensa del marco institucional es fundamental para el país, recordando que el sistema democrático y jurídico ha sido construido con sacrificio, por lo que no debe ser vulnerado por decisiones administrativas.
Aunque reconoció que la legislación puede ser objeto de revisión, especialmente en lo relativo a su impacto en pequeñas y medianas empresas, Richardson insistió en que cualquier cambio debe realizarse a través del Congreso Nacional y no mediante disposiciones administrativas.
Finalmente, reiteró que el respeto a la ley y a la institucionalidad es clave para la estabilidad del país, advirtiendo que permitir este tipo de acciones podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias en el futuro.