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El informe destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.
Hasta 2020, SENASA era descrito como un modelo de gestión. Según el informe, “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”. Las denuncias dieron lugar a una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas. Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información.
De manera explícita, el informe aclara que la síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, valoraciones, cifras y calificativos jurídicos contenidos corresponden al expediente penal y no constituyen valoraciones propias de Participación Ciudadana.
Según la acusación del Ministerio Público, se:
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.
A través del programa NUTRISALUD y otros contratos, el Ministerio Público documenta un esquema continuo de sobornos que incluyó:
El expediente recoge que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.
La acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” mediante contratos, adendas y pagos sin fiscalización, generando sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.
Además, sostiene que se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación real”. Una comisión interna encontró una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00 en las reservas técnicas.
La investigación atribuye ingresos ilícitos al imputado Santiago Hazim por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, incluyendo la adquisición de bienes de lujo mediante mecanismos para ocultar el origen de los fondos.