x
La Ciudad de la Justicia de Almería ha sido este miércoles escenario de una nueva diligencia judicial relacionada con el caso del pequeño Gabriel Cruz. Patricia Ramírez, madre del niño asesinado en 2018, acudió a primera hora a declarar como perjudicada en el proceso abierto por supuestas amenazas de muerte que habría recibido de Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen, quien cumple una condena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).
Ramírez, acompañada por su abogada Verónica Guerrero, llegó al juzgado poco antes de las nueve de la mañana y se mostró visiblemente afectada ante los medios de comunicación. "No es agradable, la verdad, tener que volver aquí, menos para esto", expresó con tono contenido, sin ofrecer más declaraciones.
La comparecencia forma parte de una investigación instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que se inició a raíz de una denuncia presentada por Ramírez el pasado 31 de diciembre. En ella, la madre del menor denunciaba haber recibido amenazas a través de terceras personas supuestamente vinculadas a Ana Julia Quezada y su entorno cercano.
Aunque el caso fue archivado inicialmente de forma provisional, un recurso impulsado por la acusación particular permitió su reapertura. Uno de los elementos clave para ese giro procesal fue la declaración de una interna de la prisión de Brieva, quien aseguró haber presenciado "amenazas explícitas de Quezada contra la madre del niño asesinado", según fuentes próximas a la investigación.
A raíz de este testimonio, el juzgado ha ampliado la investigación para incluir a la actual pareja sentimental de Ana Julia Quezada, identificada como M.A.R.Q., quien podría haber actuado como intermediaria o ejecutora de dichas amenazas, según consta en la petición de la acusación particular, aceptada por el magistrado instructor.
Durante la jornada de este miércoles, prestaron declaración cuatro personas clave en el caso: Patricia Ramírez (9:15 h), la pareja de Ana Julia Quezada (9:45 h), la propia Quezada (10:00 h) y un testigo presencial (10:30 h). Las dos personas investigadas comparecieron por videoconferencia desde prisión, mientras que la denunciante y el testigo lo hicieron de forma presencial en la sede judicial de Almería.
El procedimiento también ha destapado la posible existencia de un proyecto audiovisual que Ana Julia Quezada habría intentado desarrollar desde prisión. Se investiga si contó con la colaboración de funcionarios y el uso ilícito de teléfonos móviles, algo expresamente prohibido en el régimen penitenciario. Este nuevo frente podría agravar la situación legal de Quezada e implicar a terceros.
Fuente: RTVE