El movimiento Participación Ciudadana expresó su satisfacción por la Sentencia TC-0122-25 emitida recientemente por el Tribunal Constitucional, mediante la cual se declararon inconstitucionales las normas contenidas en los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que castigaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de esas entidades.
La organización resaltó que la decisión reafirma un principio esencial del orden constitucional: ninguna autoridad estatal ni particular puede limitar derechos basándose en la orientación sexual, amparada por la dignidad humana, el derecho a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, destacó que el fallo fortalece la institucionalidad democrática al ordenar que todas las regulaciones internas, tanto de los cuerpos castrenses como de entidades públicas y privadas, se ajusten a los principios de igualdad y no discriminación.
Los artículos invalidados —el 210 de la Ley núm. 285 y el 260 de la Ley 3483— establecían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente para miembros policiales y militares que mantuvieran relaciones sexuales consensuales con una persona del mismo sexo, sin importar el contexto. Participación Ciudadana afirmó que esta sentencia restituye la supremacía constitucional frente a normativas discriminatorias y obsoletas, herencias del trujillismo, que por décadas legitimaron desigualdades en el ámbito policial y militar y afectaron especialmente a miembros homosexuales de estas instituciones.
Según expresó la entidad, el Tribunal Constitucional reafirma su rol como garante de la Carta Magna al impedir sanciones por conductas privadas y consensuadas que no interfieren con el correcto desempeño del servicio público. La organización valoró, además, la precisión con que el Tribunal determinó que las normas anuladas no guardaban vínculo alguno con la disciplina institucional ni con los fines legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e injerencia indebida en la vida privada de policías y militares.
recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todas las autoridades y para los particulares. Por ello, instó a las instituciones del área de seguridad y defensa a implementar de inmediato las modificaciones necesarias en sus reglamentos, procesos internos y políticas de personal, conforme al estándar constitucional reafirmado por este fallo.
La organización calificó la decisión como un hito jurídico que fortalece la democracia, promueve la igualdad sustantiva y confirma que ninguna entidad estatal puede situarse por encima de la Constitución.
Además, Participación Ciudadana exhortó a la población y a los medios de comunicación a actuar con mayor rigor informativo para evitar caer en desinformación, sensacionalismo o titulares engañosos que distorsionen el debate público.
En un contexto dominado por rumores, falsedades y narrativas que alteran discusiones esenciales, la entidad insistió en la importancia de leer, contrastar y verificar el contenido real de decisiones trascendentales como las del Tribunal Constitucional. Subrayó que una ciudadanía informada y crítica contribuye al fortalecimiento de la democracia, y recordó que leer más allá del titular constituye un ejercicio fundamental de participación cívica.