El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez Valdez, afirmó que en República Dominicana no existe una utilización del sistema judicial con fines políticos y sostuvo que los casos de presunta corrupción deben continuar su curso en los tribunales hasta llegar a juicio de fondo.
Durante una entrevista en el programa D’Agenda, Álvarez consideró que en el país no se han empleado procesos judiciales para inhabilitar dirigentes políticos y señaló que las acusaciones por mal manejo de recursos públicos deben ser conocidas por la justicia.
Al referirse al caso Calamar, indicó que los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deben enfrentar un juicio de fondo, donde tengan la oportunidad de ejercer su defensa y presentar las pruebas que consideren pertinentes.
Explicó que la audiencia preliminar no establece culpabilidad o inocencia, sino que determina si existen elementos suficientes para que un expediente sea conocido en un juicio.
Álvarez mencionó que, en el caso de Gonzalo Castillo, figura el testimonio de Miguel Arturo López Florencio, conocido como “Mimilo Jiménez”, quien declaró haber entregado miles de millones de pesos, y sostuvo que corresponde a un tribunal valorar esas evidencias.
Asimismo, afirmó que un juicio también favorecería a los imputados, ya que una eventual absolución permitiría despejar cualquier duda sobre su responsabilidad.
En otro tema, defendió el derecho de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, a emitir opiniones sobre el sistema judicial y la democracia, al considerar que esas declaraciones forman parte del debate democrático y no constituyen una violación a la soberanía nacional.
El representante de Participación Ciudadana también estimó que, una vez concluya el mandato del presidente Luis Abinader, podrían surgir nuevas investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con funcionarios de la actual administración, al señalar que históricamente muchos expedientes se conocen tras los cambios de gobierno.
Como ejemplo, citó los casos vinculados al Senasa, el Hospital Oncológico de Santiago y el Intrant, e indicó que corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar las responsabilidades.
Finalmente, valoró las condenas emitidas en el caso Coral como un precedente en la lucha contra la corrupción y consideró que el proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez debe avanzar hacia un juicio de fondo.