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El movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó este martes que el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Junta Central Electoral (JCE) investiguen denuncias contra el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) por presuntos cobros a empleados públicos con fines políticos.
Durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, la coordinadora general de la organización, Leidy Blanco García, advirtió que, de confirmarse las acusaciones, se estaría ante faltas administrativas graves que podrían conllevar destituciones, además de posibles violaciones a la normativa electoral.
“El MAP tiene que investigar si esa conducta, que de ser cierta y comprobable, constituye una falta administrativa grave que da paso a destitución; pero también hay una violación a las leyes electorales que corresponde analizar a la JCE”, expresó.
García denunció además presuntas amenazas a servidores públicos para que utilicen recursos propios en campañas políticas, lo que —afirmó— contraviene las leyes electorales y disposiciones del Código Penal.
Indicó que corresponde al MAP investigar la conducta y, de comprobarse, aplicar sanciones y remitir a los responsables ante las autoridades competentes. Asimismo, sostuvo que el país aún tiene retos importantes en materia de transparencia y advirtió que no deben normalizarse prácticas vinculadas a la corrupción.