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Participación Ciudadana manifestó que reconoce las debilidades con las que fue aprobado el nuevo Código Penal, pero consideró que extender el período de vacatio legis no representa una solución adecuada, por lo que entiende que la normativa debe entrar en vigencia en agosto de este año, como está establecido.
La organización indicó que las correcciones necesarias deben realizarse con prontitud, ya sea mediante el Congreso Nacional o a través de decisiones del Tribunal Constitucional, que actualmente conoce algunos aspectos cuestionados del Código Penal, entre ellos la inclusión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en casos de interrupción del embarazo para proteger la salud y dignidad de las mujeres.
Asimismo, Participación Ciudadana planteó la necesidad de revisar disposiciones relacionadas con la difamación, injuria y ultraje, al considerar que deben ser despenalizadas en línea con tendencias internacionales para fortalecer la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo.
En materia de lucha contra la corrupción, la normativa establece sanciones para diversas conductas, como tráfico de influencia, conflictos de intereses, alteración de precios, sobrevaluación ilegal y distracción de recursos públicos. Además, dispone que los delitos contra el patrimonio público prescriban en un plazo de 20 años.
La entidad también informó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley para corregir las deficiencias identificadas en el Código Penal, por lo que espera que el documento sea presentado al Congreso Nacional sin demora para su discusión y aprobación.