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El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó su preocupación por la persistente lentitud con la que avanzan los procesos judiciales por corrupción que se conocen en los tribunales colegiados del Distrito Nacional, en los que figuran como imputados varios exfuncionarios públicos.
La organización presentó un informe basado en un período de observación de 60 días, comprendido entre marzo y mediados de mayo, donde se destaca que, a pesar de los esfuerzos del Poder Judicial para reducir los retrasos, las audiencias continúan siendo aplazadas con frecuencia. Entre las causas más comunes citadas se encuentran problemas de salud de los acusados y otras incidencias procesales.
En el documento, Participación Ciudadana también ofrece un análisis detallado sobre la composición de los tribunales, los casos asignados y los factores que contribuyen al estancamiento de los expedientes relacionados con actos de corrupción administrativa.
"Entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes", indica el informe.
Observaciones íntegras de Participación Ciudadana:
El Segundo Tribunal Colegiado ha celebrado 11 audiencias desde el 17 de marzo hasta el 15 de mayo de 2025. En ese período, el Ministerio Público presentó su discurso de cierre, así como sus conclusiones.
También participaron la Empresa Distribuidora de Electricidad y el Estado dominicano, junto a diversos acusados que han ejercido su defensa. El tribunal ha mantenido una agenda activa, lo que fue reconocido por Participación Ciudadana.
Conocido por el Primer Tribunal Colegiado, se celebraron 10 audiencias. En ellas, el Ministerio Público presentó numerosos testigos y pruebas documentales. A pesar de algunas suspensiones por licencias médicas de imputados, el proceso ha avanzado de forma regular, según el informe de Participación Ciudadana.
Este proceso ha tenido obstáculos significativos. La recusación del Cuarto Tribunal Colegiado, que originalmente conocía el caso, llevó a su reasignación al Segundo Tribunal Colegiado. Durante el período observado, no se inició el juicio de fondo y la audiencia de apertura fue fijada para el 23 de junio de 2025. Mientras tanto, se conocieron medidas accesorias, como devolución de bienes y variaciones de coerción.
La audiencia preliminar ha sufrido múltiples aplazamientos por causas médicas, desglose de imputados y una recusación a la jueza Altagracia Ramírez. Recién el 2 de mayo de 2025 comenzó la lectura de la acusación, un año después de presentada la acusación formal.
En este caso aún no se ha presentado el acto conclusivo. Todas las medidas de coerción han sido levantadas, incluyendo el impedimento de salida para Jochi Gómez. El Ministerio Público recusó a la jueza de control por haber autorizado ese levantamiento. Se espera que en las próximas semanas se defina si habrá acusación formal o archivo del expediente.
Participación Ciudadana señaló que, aunque se han dado pasos importantes, la "percepción ciudadana de impunidad" persiste debido a los plazos excesivos en estos procesos.