Panamá oficializa plan nacional contra el VIH con meta de frenar la epidemia al 2030
La Gaceta Oficial No. 30470, del 25 de febrero de 2026, publicó la Resolución N.° 1 del Ministerio de Salud, que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial 2025-2029 para la respuesta integral al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
La estrategia prioriza diagnóstico oportuno, cobertura de tratamiento y reducción del estigma como ejes para controlar la epidemia.
La Gaceta Oficial No. 30470, del 25 de febrero de 2026, publicó la Resolución N.° 1 del Ministerio de Salud, que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial 2025-2029 para la respuesta integral al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Este plan establece la hoja de ruta del país para fortalecer la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la reducción del estigma asociado a estas enfermedades.
El plan constituye el marco nacional de coordinación interinstitucional, articulando acciones entre el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, organismos internacionales, sociedad civil y entidades del Estado, con el objetivo de acelerar el control de la epidemia y avanzar hacia las metas globales de eliminación del VIH como problema de salud pública.
Entre los principales objetivos, el documento establece el fortalecimiento del acceso universal a servicios preventivos, el incremento del diagnóstico temprano, la expansión de la cobertura del tratamiento antirretroviral y la eliminación de barreras estructurales que dificultan la atención integral de las personas que viven con VIH.
- El plan también busca consolidar un modelo de atención centrado en derechos humanos, con énfasis en poblaciones clave y grupos vulnerables.
En Panamá, la epidemia de VIH sigue siendo relevante para el sistema sanitario, con entre 30,000 y 31,000 personas viviendo con el virus y unos 1,500 a 1,800 nuevos diagnósticos al año, lo que refleja una transmisión sostenida, especialmente en zonas urbanas y en adultos jóvenes.
- En 2025, entre enero y octubre, se reportaron 1,059 nuevos casos, con mayor incidencia en hombres y concentración en la región Metropolitana.
La estrategia fija metas alineadas con los compromisos internacionales de salud pública, particularmente el objetivo de poner fin a la epidemia del VIH como amenaza para la salud pública hacia 2030, mediante la reducción de nuevas infecciones, el aumento de la supresión viral y la mejora en la calidad de vida de las personas diagnosticadas.
El documento contempla cuatro líneas estratégicas principales: la sostenibilidad del sistema de respuesta, el acceso equitativo a servicios de prevención y diagnóstico, el fortalecimiento del tratamiento y la atención integral a lo largo del ciclo de vida, y la garantía de derechos humanos con reducción del estigma y la discriminación.
Uno de los principales desafíos en Panamá es la brecha en el acceso a tratamiento y continuidad terapéutica. Informes oficiales señalan que más de 10,000 personas diagnosticadas con VIH en Panamá no reciben tratamiento antirretroviral, mientras que otras presentan interrupciones en la medicación, lo que aumenta el riesgo de progresión a sida y transmisión del virus.
A esto se suma el diagnóstico tardío, factor que ha contribuido al aumento de muertes relacionadas con la enfermedad, que pasaron de 226 en 2023 a 284 en 2024, reflejando debilidades en prevención, seguimiento clínico y adherencia terapéutica.
En materia financiera, el plan reconoce que el gasto en VIH ha dependido históricamente de fuentes públicas y cooperación internacional, aunque plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible que permita cubrir las necesidades futuras del programa, incluyendo adquisición de medicamentos, pruebas diagnósticas, campañas educativas y fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica.
Según el documento, el financiamiento ha experimentado incrementos progresivos en los últimos años, pero se identifica la persistencia de brechas, especialmente en prevención y diagnóstico oportuno, por lo que se plantea la movilización de recursos nacionales y la optimización del gasto como parte de la estrategia de sostenibilidad.
El plan incorpora además acciones dirigidas a mejorar la cobertura de pruebas rápidas, ampliar la profilaxis preexposición, fortalecer la consejería y consolidar los servicios de atención integral, incluyendo el monitoreo de carga viral y adherencia al tratamiento, considerados elementos clave para la supresión de la transmisión.
En el plano epidemiológico, el documento señala que el VIH continúa representando un desafío de salud pública en Panamá. Los datos reflejan una tendencia sostenida de nuevos diagnósticos en la última década, con mayor concentración en áreas urbanas y en poblaciones clave, aunque con avances en la cobertura del tratamiento antirretroviral y reducción de mortalidad asociada.
A nivel global, la epidemia mantiene una magnitud significativa. De acuerdo con estimaciones internacionales, cerca de 39 millones de personas viven con VIH en el mundo, con aproximadamente 1.3 millones de nuevas infecciones anuales, lo que mantiene la necesidad de reforzar estrategias de prevención y tratamiento, especialmente en regiones con alta incidencia.
El plan panameño reconoce que la epidemia presenta desigualdades territoriales y poblacionales, lo que obliga a implementar intervenciones diferenciadas y fortalecer la vigilancia epidemiológica para orientar la toma de decisiones y maximizar el impacto de las políticas públicas.
Otro componente relevante es la incorporación del enfoque multisectorial, que busca integrar la respuesta sanitaria con políticas sociales, educativas y comunitarias, reconociendo que la lucha contra el VIH requiere acciones que trasciendan el ámbito clínico y aborden determinantes sociales de la salud.
Asimismo, la estrategia contempla el fortalecimiento de la participación comunitaria y de organizaciones de la sociedad civil, consideradas actores clave para la prevención, acompañamiento y reducción del estigma, así como para la promoción de pruebas voluntarias y el acceso oportuno a servicios.
La implementación del plan será monitoreada por la Dirección General de Salud Pública y la Comisión Nacional para el VIH, que deberán evaluar periódicamente los indicadores de desempeño, resultados y metas, con el propósito de ajustar las intervenciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos hacia 2030.