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Daniel Ortega y Rosario Murillo han afianzado su control absoluto sobre Nicaragua tras la aprobación de una reforma constitucional que refuerza su poder y elimina cualquier independencia de los demás órganos del Estado.
Con esta reforma, ratificada por el Parlamento este jueves, el mandato presidencial se extiende de cinco a seis años, y Murillo, quien ya ejercía una gran influencia como vicepresidenta, adquiere oficialmente el título de "copresidenta".
Ortega, de 79 años, gobierna desde 2007 y, junto a su esposa Murillo, de 73, ha sido señalado por la oposición y organismos internacionales de consolidar una "dictadura familiar".
El Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó la reforma por unanimidad, estableciendo que los "copresidentes" coordinarán los órganos legislativo, judicial y electoral, los cuales antes eran independientes.
El abogado y experto de la ONU, Reed Brody, advirtió que estos cambios representan "la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua".
Además, se aprobó que la ampliación del mandato tenga efecto retroactivo, por lo que el actual gobierno de Ortega y Murillo se extenderá hasta 2028.
Otro de los puntos clave de la reforma es la definición de Nicaragua como un Estado "revolucionario" y "socialista", incorporando la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patrio.
Murillo celebró la reforma y aseguró que el país ha entrado en "una nueva etapa de bendición, libertad y orgullo nacional", definiéndolo como un "modelo de democracia directa".
Sin embargo, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU expresó su "profunda preocupación", alertando sobre un "grave retroceso en las libertades civiles y políticas".
Desde 2018, tras las protestas contra el gobierno que dejaron 320 muertos según la ONU, Ortega y Murillo han reforzado su control sobre la sociedad.
La nueva Constitución establece que el Estado supervisará a la prensa y a la Iglesia para evitar que "respondan a intereses extranjeros". También se formaliza la posibilidad de retirar la nacionalidad a quienes sean considerados "traidores a la patria", como ha sucedido con unos 450 opositores en los últimos años.
Uno de los cambios más polémicos es la creación de una "Policía Voluntaria", conformada por civiles como fuerza auxiliar de seguridad.
Desde mediados de enero, más de 15,000 civiles han sido juramentados en este nuevo cuerpo, muchos de ellos con los rostros cubiertos, recordando a los grupos armados que en 2018 actuaron para reprimir las protestas opositoras.
Las constantes reformas impulsadas por Ortega han desmantelado el sistema democrático del país, permitiéndole la reelección indefinida y ahora, consolidando un poder absoluto junto a su esposa.