
Al menos 62 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua, que dirigen los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen detenidos en ese país, incluidos 18 adultos mayores, según denunció este jueves la organización Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De ellos, 28 se encuentran en condición de desaparición forzada, de acuerdo con el informe respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización advirtió que la desaparición forzada “sigue siendo una de las violaciones más graves”, ya que 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan “silencio, miedo y hostigamiento”. En total, entre los 62 detenidos por razones políticas, seis son mujeres y 56 hombres, incluyendo diez que fueron apresados antes de la crisis sociopolítica de 2018.
La cifra actual representa una disminución respecto al reporte anterior, que contabilizaba 77 personas privadas de libertad. Esto debido a la excarcelación de al menos 18 reos y la incorporación de tres nuevos casos.
La lista mantiene como detenido al excomandante sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien se encuentra bajo confinamiento policial en su casa desde el 8 de marzo pasado, y al general en retiro y antiguo asesor de Ortega, Álvaro Baltodano Cantarero.
Entre los 18 adultos mayores también figuran los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, además de militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia.
El Mecanismo, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares, abogados y redes de documentación, insistió en que el número real de detenidos podría ser mayor, debido al temor de algunas familias a denunciar.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales rivales en prisión.
Posteriormente, fueron expulsados del país, despojados de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras ser acusados de “golpistas” y “traición a la patria”.