El Ministerio Público presentó una acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 10 exfuncionarios, varios empresarios y cuatro compañías señaladas de integrar una estructura que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en distintas instituciones del Estado.
El expediente fue depositado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el órgano acusador también pidió la admisión de todas las pruebas y la fijación de una audiencia preliminar.
Entre los imputados figuran antiguos responsables de seguridad de Edesur, Edeeste, Edenorte, el Inaipi y el Senasa, además de representantes de empresas vinculadas a la prestación de servicios de vigilancia. De acuerdo con la investigación, la presunta red utilizó pagos ilícitos para asegurar la adjudicación, permanencia y ejecución de contratos en diversas entidades públicas.
Según el expediente, la empresa Servicios Senase habría realizado transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo entre los años 2012 y 2025 para favorecer sus intereses comerciales dentro de las instituciones estatales. Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, como parte del proceso judicial derivado de la Operación Lobo.