La organización no gubernamental venezolana Provea expresó su rechazo este domingo a la deportación de más de 200 personas desde Estados Unidos a El Salvador, acusadas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, sin que se les haya garantizado el debido proceso legal.
La ONG denunció que estas acciones intensifican los "ataques contra los venezolanos", tras la reciente decisión del gobierno de Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para agilizar las deportaciones masivas de presuntos miembros de la organización criminal.
Provea también advirtió que los deportados están siendo enviados a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH, sin acceso a sus familias ni a una defensa adecuada.
En ese sentido, la ONG expresó que son trasladados a un destino donde «sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace».
Además, señaló que ese traslado a un «sistema carcelario sin garantías» se efectuó pese a la orden del juez federal James Boasberg de bloquear el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros durante 14 días o hasta nuevo aviso.
«¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal», afirmó Provea.
Asimismo, afirmó que la migración venezolana «es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas» de Nicolás Maduro -investido en enero para un cuestionado tercer mandato-, que «han cerrado cualquier salida democrática».
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo este domingo que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua «en sus excelentes cárceles a un precio justo», lo que en su opinión «también ahorrará dinero» a los contribuyentes de EE.UU.
La Ley de Enemigos Extranjeros, que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos y expulsados.
Este domingo, la Administración de Maduro dijo que Washington «criminaliza, de forma infame e injusta», a los migrantes venezolanos.
A través de un comunicado, expresó su «contundente» rechazo a la invocación de una «ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal», y denunció de forma «enérgica» que sus connacionales en EE.UU. «están siendo sometidos a persecución».