
Un informe del Database Center for North Korean Human Rights (NKDB) reveló que Corea del Norte mantiene un esquema encubierto de exportación de mano de obra a Rusia, utilizando visados de estudiante para ocultar a unos 15,000 trabajadores, pese a la prohibición del Consejo de Seguridad de la ONU.
Según la investigación, presentada esta semana en Seúl, el régimen de Kim Jong-un se apropia entre el 70 % y 90 % de los salarios de estos empleados, generando ingresos que oscilan entre cientos de millones y hasta 2,000 millones de dólares anuales destinados a financiar sus programas armamentísticos.
El documento, titulado “Represión y explotación transnacional de trabajadores norcoreanos en Rusia”, sostiene que la práctica se intensificó después de la resolución de la ONU de 2017, que ordenaba repatriar a todos los trabajadores norcoreanos antes de 2019.

Los empleados, principalmente en construcción, construcción naval y agricultura, enfrentan condiciones que cumplen con los once criterios de trabajo forzoso establecidos por la OIT: jornadas de hasta 17 horas, confiscación de documentos y salarios, aislamiento y en algunos casos, situaciones comparables a esclavitud moderna.
El informe también advierte que las sanciones internacionales, aunque buscan frenar el flujo de divisas al régimen, han empujado a muchos de estos trabajadores a operar en la clandestinidad, con condiciones aún más precarias.
En un panel sobre el estudio, Lee Kwang-baek, presidente del diario especializado Daily NK, subrayó que, pese a la explotación, algunos trabajadores consideran que sus vidas en Rusia son relativamente mejores que en Corea del Norte y valoran el acceso a información externa que pueden transmitir a su regreso.
Por su parte, James Heenan, jefe de la oficina de derechos humanos de la ONU en Seúl, defendió las sanciones al recalcar que el objetivo principal es cortar la financiación de los programas militares de Pionyang.
Como alternativa, NKDB propone sustituir la prohibición actual por un sistema de “compromiso con principios”, que asegure que los trabajadores reciban directamente sus salarios y se evite su desvío hacia fines militares.