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El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, reintrodujo este martes en el Senado un proyecto de ley que busca eliminar el pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la República Dominicana.
El legislador, perteneciente al partido Fuerza del Pueblo, explicó que esta es la cuarta ocasión en que presenta la iniciativa ante el Congreso Nacional. La propuesta también contempla la readecuación del esquema de pago del anticipo para las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de estimular la economía y favorecer la creación de nuevos negocios.
El anticipo es un pago adelantado del impuesto sobre la renta que deben realizar las empresas en función de proyecciones de ganancias estimadas para el período fiscal.
Según Fernández, este mecanismo afecta la liquidez de muchas empresas al obligarlas a pagar impuestos sobre ingresos que aún no han generado.
“Este sistema descapitaliza permanentemente a las empresas y las coloca en un riesgo constante de quiebra”, sostuvo el senador.
El legislador indicó que más del 85 % de las empresas registradas en el país son micro o pequeñas, por lo que considera necesario crear un entorno fiscal más favorable que les permita crecer y consolidarse.
Asimismo, argumentó que exonerar a las mipymes del pago del anticipo no tendría un impacto significativo en las recaudaciones del Estado, pero sí contribuiría a dinamizar la actividad económica.
Además de esta iniciativa, Fernández reintrodujo otros proyectos legislativos, entre ellos una propuesta para eliminar la doble tributación del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario en viviendas pertenecientes a adultos mayores de 65 años.
También sometió nuevamente proyectos para eliminar el gravamen sobre hipotecas, retirar anticipos fiscales al sector agropecuario, establecer facilidades para el cumplimiento tributario y modernizar el régimen de sociedades comerciales.
Entre las iniciativas presentadas figuran además propuestas relacionadas con la modernización del Poder Judicial, la seguridad jurídica para personas ausentes o desaparecidas, el cumplimiento de sentencias judiciales, el fomento de academias deportivas internacionales y el impulso a la inversión de la diáspora dominicana en el desarrollo nacional.