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Al menos 31 acciones guerrilleras se registraron durante el fin de semana en medio de la campaña presidencial en Colombia, incluyendo un atentado con explosivos que dejó decenas de víctimas en una carretera, considerado el más grave contra civiles en las últimas tres décadas.
La ofensiva ha sido atribuida por el Gobierno a una disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco, quien rechazó el acuerdo de paz de 2016 y actualmente financia su estructura mediante el narcotráfico.
“Por favor, no más muerte, no más violencia”, expresó Joao Valencia, familiar de una víctima, durante una manifestación en Cajibío, donde cientos de personas vestidas de blanco se congregaron tras el atentado.
El número de fallecidos por el ataque del sábado en el departamento del Cauca aumentó de 20 a 21, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Además, 56 personas resultaron heridas.
Reporteros de AFP constataron escenas devastadoras, con cuerpos desmembrados, vehículos destruidos y un gran cráter en la vía, imágenes que evocan los peores momentos del conflicto armado colombiano.
Según el Gobierno, los ataques responden a represalias de los grupos armados ante la presión militar posterior al fracaso de las negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro y el cabecilla insurgente.
“El terrorismo, cuando se manifiesta así, refleja que la presión es tan fuerte que recurren a atacar a los más vulnerables”, afirmó Sánchez en declaraciones a medios locales.
Expertos citados por AFP consideran que este atentado es el más letal contra civiles desde el ocurrido en 2003 en el Club El Nogal, que dejó 36 muertos.
En el contexto actual, la zozobra y la desestabilización son fenómenos que afectan a diversas sociedades alrededor del mundo. La incertidumbre económica, los conflictos políticos y los desastres naturales son solo algunos de los factores que contribuyen a esta situación. En muchos casos, las personas se sienten impotentes ante los cambios rápidos y, a menudo, impredecibles que ocurren a su alrededor.
Las instituciones gubernamentales y las organizaciones internacionales juegan un papel crucial en la gestión de estas crisis. Sin embargo, la falta de confianza en estas entidades puede agravar la sensación de inestabilidad. Es esencial que los líderes trabajen para restaurar la confianza pública mediante políticas transparentes y efectivas. Además, la colaboración entre países es fundamental para abordar problemas que trascienden fronteras, como el cambio climático y las pandemias.
En última instancia, la resiliencia de una sociedad depende de su capacidad para adaptarse a los cambios y superar los desafíos. La educación y la innovación son herramientas clave para fomentar esta resiliencia. Al invertir en el desarrollo de habilidades y en la promoción de nuevas tecnologías, las comunidades pueden estar mejor preparadas para enfrentar el futuro con confianza.
Desde el viernes se han contabilizado 31 acciones armadas en tres departamentos del suroeste colombiano, según las Fuerzas Militares.
La violencia continuó este lunes. En Jamundí, en el Valle del Cauca, fue hallado un camión incendiado, mientras que en una zona cocalera del Cauca explotó una camioneta cargada con explosivos sin dejar víctimas.
El Cauca, con amplia presencia de cultivos ilícitos, se ha convertido en uno de los territorios más golpeados por la ofensiva insurgente en vísperas de las elecciones del 31 de mayo.
Para Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, estos ataques buscan generar “zozobra y desestabilización” para mantener control sobre la población civil.
La analista indicó que los grupos de Mordisco intentarían negociar con autoridades locales la reducción de operativos a cambio de disminuir sus acciones armadas.
El presidente Petro calificó a los responsables como “terroristas” y ordenó intensificar las operaciones militares en la zona.
Desde su llegada al poder en 2022, el mandatario ha intentado sin éxito alcanzar acuerdos de paz con los principales grupos armados, que han crecido en los últimos años.
Según el investigador Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, la expansión de estas estructuras ha desbordado al Gobierno, duplicando su número de combatientes hasta unos 27,000 en la última década.
Los candidatos presidenciales también reaccionaron condenando los hechos.
El aspirante Iván Cepeda advirtió sobre el posible impacto electoral de la violencia en regiones donde la izquierda tiene fuerte respaldo.
Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella calificó los ataques como parte de un plan de desestabilización y responsabilizó al Gobierno.
En la misma línea, la senadora Paloma Valencia señaló que el Ejecutivo ha permitido el crecimiento de la violencia en el país.