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La medida se concretó tras casi dos décadas de proceso judicial y luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación presentada horas antes.
Un hombre condenado por doble asesinato fue ejecutado el jueves 12 de febrero de 2026 en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, Estados Unidos. Kendrick Simpson, de 45 años, fue declarado muerto a las 10:19 de la mañana tras recibir una inyección letal de tres fármacos, según las autoridades penitenciarias.
El caso cobró notoriedad nacional al tratarse de la primera ejecución del año en Oklahoma y la segunda en el país, involucrando a un individuo que reconoció su responsabilidad en los hechos durante una audiencia reciente.
La ejecución se realizó después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma rechazara, por votación dividida, la solicitud de clemencia presentada por Simpson. La defensa argumentó que padecía un trastorno de estrés postraumático derivado de traumas sufridos durante su infancia en Nueva Orleans y agravados tras el huracán Katrina.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de último momento, permitiendo que la sentencia se cumpliera. De acuerdo con información de The Associated Press, la ejecución se realizó bajo el protocolo estatal vigente, que incluye midazolam, bromuro de vecuronio y cloruro de potasio.
El crimen por el que fue condenado Kendrick Simpson ocurrió en enero de 2006 en el noroeste de Oklahoma City, tras un altercado en un club nocturno.
Las víctimas, Anthony Jones de 19 años y Glen Palmer de 20, murieron después de que Simpson disparara aproximadamente 20 veces desde un automóvil, utilizando un rifle de asalto, en un incidente que dejó además a un tercer hombre ileso.
El caso fue investigado por la policía local y la fiscalía del condado, y concluyó con una condena a muerte tras los procedimientos judiciales.
Kendrick Simpson nació y creció en Nueva Orleans, Luisiana. Tras el paso del huracán Katrina, en 2005, se desplazó a Oklahoma City, donde ocurrió el crimen.
De acuerdo con registros judiciales y declaraciones recogidas por The Associated Press, la defensa de Simpson presentó durante el juicio y la audiencia de clemencia un diagnóstico de estrés postraumático, argumentando que la violencia y los traumas sufridos en su infancia y juventud influyeron en su conducta posterior.
La noche del 13 de enero de 2006, Simpson acudió a un club nocturno en el noroeste de Oklahoma City junto a varios amigos. Tras una discusión con Glen Palmer dentro del establecimiento, Simpson y su grupo siguieron a Palmer y a Anthony Jones hasta una gasolinera.
Según la fiscalía, Simpson disparó desde el vehículo, causando la muerte de ambos jóvenes. Un tercer ocupante del automóvil sobrevivió al ataque.
Durante la audiencia de clemencia celebrada en enero de 2026, Simpson se dirigió a las familias de las víctimas: “Pido disculpas por asesinar a sus hijos. No pongo excusas. No culpo a los demás, y ellos no merecían lo que les pasó”, según los registros de la audiencia citados por The Associated Press.
El proceso judicial contra Kendrick Simpson finalizó con una condena a muerte por dos cargos de asesinato agravado. La defensa intentó obtener clemencia argumentando que Simpson no representaba un caso para la pena máxima, dado su historial de trauma y el diagnóstico de estrés postraumático.
Los abogados sostuvieron que la pena capital debe reservarse para los delitos más atroces y que el suyo no encajaba en ese criterio.
La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma, compuesta por cinco miembros, rechazó la solicitud de indulto por una votación de tres a dos. El fiscal general estatal, Gentner Drummond, defendió la negativa a la clemencia y sostuvo que el crimen cometido por Simpson cumplía con los requisitos legales para la aplicación de la pena de muerte.
El estado de Oklahoma emplea la inyección letal como método de ejecución. El protocolo contempla la administración secuencial de midazolam, bromuro de vecuronio y cloruro de potasio, una práctica que el Departamento de Correcciones estatal ha mantenido en los últimos años.
El caso de Kendrick Simpson provocó respuestas tanto de autoridades como de familiares de las víctimas.
Crystal Allison, hermana de Glen Palmer, manifestó ante la Junta: “¿Creo que este hombre debería vivir, poder respirar y pasar el resto de su vida en una celda? Él tomó la decisión por él, así que estoy aquí hoy para tomar la decisión por mi familia.”
El fiscal general de Oklahoma destacó que la decisión de la Junta de Indultos y Libertad Condicional reflejaba la gravedad de los hechos y subrayó que el crimen cometido por Simpson se ajustaba a los estándares establecidos para la pena capital en el estado.
De acuerdo con la normativa, la pena de muerte se reserva para los casos de homicidio agravado y otros delitos considerados de máxima gravedad.
En 2025, Estados Unidos registró 47 ejecuciones, de las cuales Florida encabezó la lista con 19, según cifras publicadas por The Associated Press. Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en el segundo lugar con cinco ejecuciones cada uno.
La política de pena de muerte en Oklahoma ha sido objeto de revisión y debate, pero el estado mantiene la ejecución por inyección letal como método principal. El Departamento de Correcciones programa ejecuciones periódicamente para los condenados que han agotado las instancias judiciales y administrativas de apelación y clemencia.
El asesinato por el que fue condenado Kendrick Simpson ocurrió en un contexto de desplazamiento social tras el huracán Katrina. La defensa argumentó que el acusado sufrió una infancia marcada por la violencia y la inseguridad en Nueva Orleans, factores que, según los abogados, influyeron en su conducta posterior.
Las autoridades judiciales y la Junta de Indultos consideraron que el crimen cumplía con el estándar legal para la pena máxima.
La ejecución de Simpson refuerza la vigencia de la aplicación de la pena de muerte en Oklahoma, uno de los estados con mayor número de ejecuciones per cápita en las últimas décadas. El caso se suma a la tendencia estable de ejecuciones en el país, donde la legislación permite la pena capital en 24 estados.
A partir de la ejecución, las autoridades estatales mantienen la programación de futuras sentencias capitales. El debate sobre la aplicación de la pena de muerte continúa presente en los ámbitos judicial y legislativo, y las próximas ejecuciones previstas en Florida y otros estados seguirán bajo observación pública y de organismos de derechos humanos.