La muerte de una mujer de 55 años, tras ser alcanzada por una bala perdida, sumió en el dolor a una familia de la comunidad Las Mercedes, en San José de Ocoa. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando el principal acusado fue dejado en libertad debido al vencimiento de un plazo procesal que no fue cumplido por el Ministerio Público.
A casi diez meses del suceso, los familiares no solo enfrentan la pérdida, sino también la indignación y las dudas sobre lo que consideran un fallo en el manejo del proceso judicial.
La tragedia
El hecho ocurrió el 26 de mayo de 2025, luego de que varias personas permanecieran desde la madrugada ingiriendo alcohol en un colmado de la zona. Según relató Yocaira Santana, hija menor de la víctima, en el lugar se originó una discusión en la que estuvieron involucrados Nelson Manuel Rosario Martínez, conocido como “Starling”, y el cabo policial Jason Felipe Soquiel.
De acuerdo con su versión, Altagracia Yudelis Beltré Arias, madre del agente, tenía en sus manos el arma de reglamento del policía y la apuntó hacia varias personas. Posteriormente, el agente recuperó el arma, pero esta cayó al suelo y fue tomada por Rosario Martínez.
Una cámara de seguridad registró el momento en que el hombre recoge el arma y realiza varios disparos. Santana aseguró que, tras disparar en el colmado, el individuo continuó accionando el arma hacia la parte superior del establecimiento, donde estaba la vivienda de su madre.
Uno de los proyectiles atravesó la puerta e impactó a la mujer en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata.
La víctima, Austria Natividad Luciano, conocida como “Navidad”, fue descrita por sus allegados como una mujer dedicada a su familia, su hogar y sus hijos, a quienes solía consentir con arepas dulces. “Era el pilar de la familia”, expresó su hija.
El proceso judicial
Según documentos del Ministerio Público de San José de Ocoa, el 28 de mayo de 2023 se solicitaron medidas de coerción contra Rosario Martínez, Beltré Arias, Soquiel Beltrán y Deuri Minyeti.
El 3 de junio de ese año, a Rosario Martínez se le impuso prisión preventiva por tres meses en Najayo Hombres. En tanto, a los demás implicados se les dictaron medidas como garantía económica y presentación periódica.
Prórrogas y vencimiento de plazos
El 1 de septiembre de 2025, dos días antes de que venciera la prisión preventiva, el Ministerio Público pidió una extensión de dos meses para continuar las investigaciones. Al día siguiente, se le concedió una prórroga de un mes.
Más adelante, el 11 de noviembre, el Juzgado de la Instrucción intimó al Ministerio Público a presentar la acusación en un plazo de 15 días, advirtiendo que de no hacerlo se extinguiría la acción penal. No obstante, la acusación fue depositada el 9 de diciembre, fuera del tiempo establecido.
La decisión judicial
El 3 de marzo de 2026, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal declaró extinguida la acción penal contra Rosario Martínez por el vencimiento del plazo legal sin acusación formal, lo que derivó en su liberación.
Para los familiares, esta decisión ha sido un golpe adicional. La hija de la víctima afirmó que incluso colaboró en la búsqueda de pruebas durante el proceso, por lo que considera injusto que el caso haya tomado ese rumbo por un error procesal.
Posibles consecuencias
El fiscal titular de San José de Ocoa, Francis Valdera Gómez, explicó que los cargos incluyen violación a la ley de armas y homicidio voluntario, delitos que pueden conllevar penas de hasta cinco años y entre tres y veinte años de prisión, respectivamente.
Mientras tanto, los familiares de Austria Natividad Luciano continúan reclamando justicia, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del caso y el temor de que quede sin sanción.
Los parientes de la víctima insisten en que el caso no puede quedar impune y exigen que se determinen responsabilidades por los errores procesales que permitieron la liberación del principal imputado. Consideran que hubo falta de diligencia en el manejo del expediente y piden a las autoridades revisar lo ocurrido para evitar que situaciones similares se repitan en otros procesos judiciales.
En medio del duelo, la familia mantiene la esperanza de que se adopten medidas que garanticen justicia, ya sea mediante sanciones administrativas o la reapertura del caso si existen vías legales. Mientras tanto, el hecho sigue generando preocupación en la comunidad, donde residentes reclaman mayor control sobre el uso de armas de fuego y acciones más firmes para prevenir tragedias como esta.