Miguel Surún advierte que nuevo Código Penal instala una “Ley Mordaza” contra la libertad de expresión

El abogado y exfiscal Miguel Surún Hernández advirtió en El Sol de la Mañana que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que, a su entender, representan una amenaza directa contra la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a denunciar hechos de interés público.

Surún, expresidente del Colegio Dominicano de Abogados, calificó la normativa como una “Ley Mordaza”, al considerar que varios artículos relacionados con difamación, injuria, difusión de imágenes y responsabilidad de medios de comunicación establecen sanciones desproporcionadas y crean un escenario de intimidación para comunicadores, ciudadanos y plataformas informativas.

“Estamos denunciando lo que está aconteciendo con la puesta en vigencia del Código Penal, que es prácticamente la instauración de una ley mordaza”, expresó el jurista, al señalar que la pieza afecta principios como la proporcionalidad, la objetividad y la libertad de expresión.

Difusión de imágenes y redes sociales

Surún afirmó que, a partir del 6 de agosto, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, podría castigarse la difusión de imágenes de una persona, incluso de un funcionario público, tomadas en espacios públicos sin autorización del titular.

Según explicó, esa conducta podría conllevar penas de tres meses a un año, mientras que si la imagen es publicada en redes sociales u otros medios digitales, la sanción podría agravarse hasta alcanzar penas de dos a cinco años.

El abogado puso como ejemplo imágenes recientes de funcionarios públicos en actividades visibles, al advertir que ese tipo de grabaciones podrían convertirse en materia penal bajo la nueva normativa.

Aclaró que esa disposición no debe confundirse con la difusión de imágenes, fotos o audios obtenidos en lugares privados, una conducta regulada en otro artículo del Código Penal.

Difamación, injuria y penas acumulables

El exfiscal también cuestionó las disposiciones vinculadas a la difamación y la injuria, al señalar que el nuevo texto endurece las penas y puede generar consecuencias graves para quienes emitan opiniones, denuncias o señalamientos públicos.

Explicó que actualmente existen instrumentos legales para perseguir la difamación, la injuria y la extorsión, incluyendo normas relacionadas con crímenes y delitos de alta tecnología. Sin embargo, sostuvo que el nuevo Código Penal lleva esas figuras a extremos que podrían afectar de manera severa el debate público.

Surún indicó que las penas por difamación e injuria podrían ir de dos a cinco años, y advirtió que, bajo determinadas circunstancias, podrían aumentar si intervienen varias personas o si los hechos son interpretados como parte de un concurso de infracciones.

El jurista explicó que el Código incorpora la figura del concurso de infracciones, lo que permitiría que una persona sea juzgada por varios hechos asociados a una misma conducta o a conductas reiteradas, con posibilidad de acumulación de penas.

A su juicio, ese esquema abre la puerta a condenas excesivas en casos vinculados al ejercicio de la palabra, la denuncia pública o la crítica.

Medios de comunicación también podrían ser sancionados

Surún alertó además que el nuevo Código Penal incluye a los medios de comunicación como posibles responsables penales en casos de difamación, injuria o difamación extorsiva.

Según explicó, las sanciones contra medios podrían incluir cierre, incautación, inhabilitación o retiro de licencia, medidas que, a su entender, representan una amenaza directa al funcionamiento de la prensa.

• El abogado sostuvo que esas disposiciones podrían provocar un efecto de autocensura, especialmente frente a denuncias relacionadas con funcionarios públicos, instituciones estatales o hechos de interés colectivo.

“Hay un esfuerzo encaminado por parte del poder político de acallar la verdad”, afirmó Surún, al advertir que la combinación de estas normas puede limitar la capacidad de la ciudadanía y de los medios para denunciar irregularidades.

Choque con la Constitución y el Tribunal Constitucional

Surún consideró que varios artículos del nuevo Código Penal chocan con el artículo 49 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información.

También citó una sentencia del Tribunal Constitucional que, según explicó, reconoce una protección especial a las expresiones ciudadanas sobre funcionarios públicos cuando estas se refieren al ejercicio de sus funciones.

El abogado sostuvo que las figuras públicas y los funcionarios deben estar sujetos al escrutinio ciudadano, siempre que las críticas, denuncias o señalamientos estén vinculados a su actuación pública y no a aspectos estrictamente personales.

En ese sentido, advirtió que penalizar de forma excesiva la crítica contra funcionarios podría debilitar los controles democráticos y limitar la fiscalización social.

Pide revisar el Código Penal

Surún llamó a revisar el nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia, especialmente en los artículos que, según dijo, afectan la libertad de expresión, el trabajo periodístico y la posibilidad de denunciar hechos de relevancia pública.

El jurista afirmó que la preocupación no se limita a los medios de comunicación, sino también a otros sectores profesionales, como los médicos, quienes han denunciado que la combinación del Código Penal y el Código Procesal Penal podría criminalizar el ejercicio de la medicina.

• Surún insistió en que la legislación penal debe perseguir abusos reales, pero sin convertirse en una herramienta para intimidar a ciudadanos, comunicadores, médicos o cualquier sector que ejerza una función social.

El abogado concluyó que el país necesita una revisión responsable de la normativa, a fin de garantizar que la protección al honor no termine anulando derechos fundamentales como la libertad de expresión, la denuncia pública y el acceso de la sociedad a informaciones de interés general.