El nuevo Código Penal de la República Dominicana contempla penas severas para aquellos que utilicen sustancias químicas con intenciones delictivas, como en los casos comúnmente denominados “lanzar ácido del diablo”.
De acuerdo con el artículo 103 de esta nueva normativa, cualquier individuo que exponga o arroje a otra persona una sustancia tóxica, corrosiva, inflamable o similar, y cause lesiones, mutilaciones o desfiguraciones, será sancionado con hasta 30 años de prisión y multas que oscilan entre 30 y 40 salarios mínimos del sector público.
La ley es aún más estricta si la víctima es un niño, niña, adolescente o una persona en condición de vulnerabilidad. En estos casos, el agresor enfrentará penas de 30 a 40 años de prisión mayor y multas que van de 50 hasta 1,000 salarios mínimos.
Si el ataque con estas sustancias químicas resulta en la muerte de la víctima, la pena se eleva al máximo legal de 40 años de prisión, además de una multa que puede ir de 50 a 1,000 salarios mínimos.
El Código también aborda situaciones donde el ataque no cause daños permanentes, mutilaciones o desfiguraciones. En estos casos, el agresor puede ser condenado a penas de 5 a 10 años de prisión y multas de 10 a 20 salarios mínimos.
Por otro lado, el artículo 104 castiga de manera similar a quienes suministren sustancias que provoquen alteraciones mentales temporales, como alucinaciones o delirio. La pena en estos casos será de 5 a 10 años de prisión y multas de 10 a 20 salarios mínimos.
Esta legislación, que entrará en vigor en agosto de 2026, tiene como objetivo sancionar con firmeza este tipo de violencia brutal, que ha dejado a numerosas víctimas con secuelas tanto físicas como psicológicas.
El nuevo Código Penal (Ley 74-25) también introduce medidas más estrictas para combatir delitos graves y la corrupción administrativa. Una de las disposiciones más notables es la limitación a 60 años de prisión como pena máxima cuando una persona comete múltiples delitos graves.
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Malversación de fondos públicos (Art. 303): Si un funcionario usa de forma fraudulenta los recursos que administra, será sancionado con 2 a 3 años de prisión menor y una multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público.
Enriquecimiento ilícito (Art. 297): Si un funcionario no puede justificar su patrimonio, será castigado con 5 a 10 años de prisión mayor y multa de 4 a 10 veces el valor no justificado.