El Congreso de Estados Unidos dio luz verde a una ambiciosa ley fiscal y presupuestaria que representa un fuerte respaldo a la agenda antimigratoria del presidente Donald Trump. Con el apoyo mayoritario de los republicanos, el paquete destina miles de millones de dólares a reforzar la seguridad fronteriza, aumentar las deportaciones y endurecer las condiciones para los migrantes dentro del país.
La legislación aprobada el jueves 3 de julio en Estados Unidos contempla un gasto de casi 170.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, con un enfoque prioritario en el fortalecimiento de las agencias de migración.
Uno de los principales objetivos es ampliar la capacidad de detención de migrantes, así como desarrollar nuevas infraestructuras, como centros de detención y tecnologías avanzadas de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En el marco de esta nueva política, se destinarán más de 46.500 millones de dólares a la construcción y expansión del muro fronterizo, símbolo clave de la política migratoria de Donald Trump. Además, otros 45.000 millones se dirigirán a la detención y deportación de migrantes, incluyendo la operación y mantenimiento de centros de detención y el transporte de personas expulsadas del país.
El Gobierno también proyecta la contratación de más de 20.000 nuevos agentes para reforzar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta expansión permitiría aumentar significativamente el número de detenciones, lo que, según el centro de pensamiento conservador CATO, podría cuadruplicar la población en centros de detención: de 50.000 personas actualmente a más de 200.000.
Además del impacto humanitario, diversos análisis advierten sobre el daño económico que esta política podría provocar. El Economic Policy Institute advierte que, si se cumple la meta de deportar un millón de personas por año, se podrían perder hasta seis millones de empleos, incluyendo a millones de ciudadanos estadounidenses cuyos puestos dependen de la fuerza laboral migrante.
La nueva ley también impone importantes cambios en los costos de trámites migratorios. Por primera vez, se cobrará una tarifa de 100 dólares por solicitar asilo y quienes tengan una solicitud en trámite deberán pagar 100 dólares anuales. Los permisos de trabajo costarán 550 dólares y tendrán una vigencia de solo seis meses. Apelar una decisión migratoria pasará de costar 110 a 900 dólares y el Estatus de Protección Temporal (TPS) costará 500 dólares.
Uno de los cambios más polémicos es la introducción de un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas al extranjero. Esta medida afectará de forma directa a millones de familias migrantes que dependen de estos envíos. En 2023, Estados Unidos fue el mayor emisor de remesas del mundo, con más de 85.800 millones de dólares, según el Migration Policy Institute.
Fuente: France 24