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El director nacional de Cedulación de la Junta Central Electoral (JCE), Américo Rodríguez, informó este lunes sobre las innovaciones de la nueva cédula de identidad y electoral, que incluirá un chip criptográfico, firma digital, certificado de viaje y la posibilidad de contar con una identidad digital segura para el uso en servicios públicos y privados.
Rodríguez explicó en El Sol de la Mañana, que el documento estará elaborado en policarbonato de alta durabilidad, con el chip incorporado dentro de las láminas para proteger la información, y permitirá validar electrónicamente la identidad de los ciudadanos de forma rápida y segura. También aseguró que el diseño cumple con los estándares internacionales ICAO y ISO, y que la cédula complementará al pasaporte, facilitando viajes internacionales en caso de pérdida del documento.
El funcionario detalló que el costo total del proyecto asciende a unos 6,000 millones de pesos, incluyendo la adquisición del hardware y los suministros necesarios para imprimir alrededor de 9.4 millones de cédulas, lo que representa aproximadamente 630 pesos por unidad. Aclaró que el software y los sistemas de gestión serán desarrollados por la JCE, garantizando que los datos permanezcan bajo custodia de la institución.
Rodríguez señaló que la nueva cédula también permitirá a los ciudadanos contar con identidad digital en sus dispositivos móviles, que podrá ser utilizada por bancos, instituciones privadas y servicios del Estado, creando un ecosistema seguro donde el usuario controla quién accede a su información personal, sin necesidad de exponer su número de cédula ni otros datos sensibles.
En cuanto al proceso de renovación, la JCE comenzará pilotos en el último trimestre de este año y prevé que a partir de enero se inicie la emisión gradual de las nuevas cédulas, asegurando que los registros civiles estén depurados y las situaciones pendientes resueltas.
Finalmente, Rodríguez defendió la inversión del proyecto, señalando que los documentos actuales están vencidos y son susceptibles a alteraciones, lo que ha limitado la movilidad y acceso a servicios de los ciudadanos, especialmente en la diáspora dominicana.