Jair Bolsonaro fue formalmente notificado este miércoles sobre el proceso penal en su contra por intento de golpe de Estado, mientras se encontraba internado en una unidad de cuidados intensivos tras una intervención quirúrgica intestinal. La notificación fue entregada por un funcionario judicial en el hospital, según confirmó el propio exmandatario a través de sus portavoces.
"Increíble", reaccionó Bolsonaro después de que un oficial de justicia acudiera a su habitación para cumplir con el procedimiento legal. El exjefe de Estado, líder de la ultraderecha brasileña, había sido sometido a una cirugía de 12 horas hace diez días y, desde entonces, permanece en observación médica.
El Supremo Tribunal Federal (STF) había ordenado la notificación después de aceptar, el pasado 26 de marzo, las acusaciones presentadas por la Fiscalía General, que incluyen cargos de conspiración para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elegido en octubre de 2022.
El tribunal explicó que la notificación debía haberse realizado la semana anterior, pero el proceso se pospuso por razones médicas. No obstante, después de que Bolsonaro apareciera en una transmisión en vivo desde su cama del hospital —en la que, junto a sus hijos y un empresario, promocionó una marca de cascos de motocicleta—, se determinó que estaba en condiciones de recibirla.
Junto a Bolsonaro, otros siete implicados en la misma causa ya habían sido notificados entre el 11 y el 15 de abril. Solo quedaba pendiente el trámite con el expresidente.
La acusación formal sostiene que Bolsonaro y su entorno promovieron un plan para revertir el resultado electoral, apoyándose en manifestaciones frente a instalaciones militares en todo el país. En dichas protestas, miles de seguidores solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas. Esta escalada culminó en el ataque del 8 de enero de 2023 a los edificios del Congreso, la Corte Suprema y la sede del Ejecutivo en Brasilia.
Más de 500 personas ya han sido condenadas por su participación en esos hechos, enfrentando cargos como intento de golpe de Estado, destrucción del patrimonio público y atentado contra el orden democrático, con penas de hasta 17 años de prisión.