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El gobierno de Nicaragua otorgó un nuevo permiso de explotación minera a la empresa Nicaragua Zhongwei Minería Grupo S.A., autorizando operaciones a cielo abierto en casi 50 mil hectáreas ubicadas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
La decisión se produce en un contexto de sanciones recientes impuestas por Estados Unidos contra funcionarios y entidades vinculadas al sector aurífero del país, con el objetivo de limitar las fuentes de financiamiento del gobierno.
La concesión es la primera que se concede tras las medidas anunciadas por Washington, que incluyeron a familiares del presidente Daniel Ortega, funcionarios y empresas del sector.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, estas estructuras contribuyen a que “la dictadura de Murillo y Ortega genere fondos y mantenga el control político en Nicaragua”, y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua”.
En los últimos años, Nicaragua ha intensificado la entrega de permisos a compañías chinas. Entre 2021 y 2026 se han adjudicado 75 lotes a 17 empresas, abarcando más de un millón de hectáreas, equivalente a más del 8.5 % del territorio nacional.
Organizaciones como la Fundación del Río han advertido sobre el impacto de estas concesiones, especialmente en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, donde se han registrado reclamos para anular los permisos.
Las denuncias también apuntan a la falta de información sobre las empresas beneficiadas. “No cuentan con páginas web, ni hay pruebas de que formen parte de empresas que coticen en las bolsas de valores”, señalan, al tiempo que cuestionan la ausencia de estudios de factibilidad y datos sobre inversión.
“La expansión minera impulsada por intereses chinos trasciende la extracción de oro y plata”, advirtió la Fundación del Río. “Estos intereses también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”.
El otorgamiento de nuevas concesiones refuerza la relación entre Nicaragua y China, mientras crece el debate sobre los efectos ambientales, la transparencia y el impacto de estas inversiones en el país.