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Miguel Ceara Hatton, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, firmó tres resoluciones entre finales de 2024 y principios de 2025 para sancionar a la aseguradora estatal Senasa, a pesar de los esfuerzos de su equipo legal por impedir las medidas.
En la Resolución 2-2025, emitida el 7 de abril de 2025, la Sisalril sancionó a Senasa por mantener retrasos recurrentes, durante al menos dos años, en los pagos a los prestadores de servicios de salud (PDS), tras una denuncia presentada por el Centro Policlínico Nacional.
La entidad identificó “un incumplimiento recurrente durante un período de dos años”, lo que constituía una “conducta típica” con potencial de generar un “impacto negativo en la liquidez, rentabilidad y operatividad de su red de servicios”.
Según la opinión técnica de la Dirección de Aseguramiento en Salud de los Regímenes Contributivos y Planes de la Sisalril, Senasa podría estar comprometiendo la calidad de la atención a los usuarios, al implementar medidas de contención de costos que, ante la irregularidad de los pagos, limitan tanto el acceso a los servicios de salud como la remuneración al personal médico que interviene en la atención de los pacientes.
La institución consideró que era necesario examinar la situación más allá del recurso particular que le habían presentado en vista de los múltiples casos y solicitudes que recibía para intervenir en la gestión de cobros por incumplimiento de plazos por parte de Senasa.
"En tal virtud, se consideró un patrón reiterado en el arrastre de pagos pendientes…. lo que configura una infracción administrativa de carácter continuado y reiterado, en franca contravención a las disposiciones normativas vigentes", señala el documento.
La Sisalril consideró pertinente la adopción de medidas correctivas destinadas a establecer consecuencias jurídicas ante el incumplimiento identificado y a corregir los retrasos acumulados, disponiendo así el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.