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El Ministerio Público solicitó este miércoles prisión preventiva como medida de coerción contra el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, acusado de ser el estratega legal de la presunta red que operaba el esquema fraudulento Investor Winner, desmantelado en junio de 2024 durante la Operación Gaviota.
El órgano persecutor sostuvo que Santillán Faulkner tuvo un comportamiento evasivo y mostró una clara intención de sustraerse al proceso penal, razones por las que considera necesaria la prisión preventiva.
Se espera que la audiencia para conocer la solicitud sea celebrada el jueves 3 de abril. El Ministerio Público lo señala como pieza clave en la estructura legal que sustentó el fraude estimado en más de 4,000 millones de pesos, que afectó a cientos de inversionistas.
Explica que el acusado ha demostrado su capacidad de eludir la justicia en múltiples ocasiones, huyendo del lugar de los allanamientos, ocultándose de sus domicilios habituales y manteniéndose en paradero desconocido durante un tiempo prolongado. Además, ha realizado maniobras jurídicas para aparentar legitimidad en operaciones ilícitas, lo que refleja su intención de evadir las consecuencias penales de sus actos.
La prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia del imputado en el juicio, ya que su libertad representa un alto riesgo de fuga, considerando los antecedentes de ocultamiento y la gravedad de los hechos imputados.
Asimismo, esta medida es proporcional y razonable para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y la protección de los derechos de las víctimas.
Santillán Faulkner fue arrestado recientemente tras permanecer prófugo desde enero de 2023, cuando se emitió una orden de arresto en su contra en el Distrito Judicial de La Altagracia, Higüey.
Como abogado, Santillán Faulkner habría sido responsable de constituir y adquirir sociedades comerciales utilizadas en operaciones fraudulentas. Entre las empresas vinculadas a su gestión destacan Inversiones Cataleya S.R.L., que movilizó RD$637,699,493.34 y US$962,272.89, y la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde fungía como presidente y que habría sido utilizada para captar fondos de las víctimas.
El imputado enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en diversas normativas dominicanas. La red desmantelada operó entre 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 víctimas.
Su presunto líder, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
En junio de 2024, la jueza Fátima Veloz dictó prisión preventiva contra siete de los ocho primeros imputados en la red y declaró el caso complejo. Posteriormente, el Ministerio Público amplió la acusación, sumando nuevos imputados y presentando formal acusación contra 25 personas físicas y 16 jurídicas, totalizando 41 procesados en este caso.
Por este caso, cumplen prisión preventiva Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres, mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez están en Najayo Mujeres.
A la imputada Lucía Martínez Colón se le impuso garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Modus operandi de la red delictiva
El Ministerio Público señala que la organización criminal captaba inversores bajo la promesa de altos rendimientos, del 10 % al 30 % mensual, mediante supuestas operaciones de trading. Utilizaban plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer víctimas con promesas irreales de rentabilidad.
Los imputados constituyeron empresas sin los permisos de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores, operando bajo un esquema piramidal.
La captación se realizaba en niveles, mediante empresas secundarias y terciarias que simulaban canalizar inversiones hacia una firma principal. Sin embargo, las evidencias indican que menos del 15 % de los fondos fueron realmente colocados en brókers.
El dinero de nuevos inversores se usaba para pagar intereses a los primeros clientes, simulando solvencia financiera con estados de cuenta falsificados. Para ocultar rastros, los responsables cedieron acciones de sus empresas y cambiaron de residencia, trasladándose desde Higüey hacia Dajabón y Azua; algunos incluso salieron del país.