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El Ministerio Público pidió al tribunal que condenara a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimo por su culpabilidad en el caso Antipulpo.
La acusación incluye estafa agravada contra el Estado, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, complicidad en desfalco, soborno activo, lavado de activos agravado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Solicitan decomiso de bienes y multa económica
Además de la condena de prisión, el órgano persecutor solicita que Medina Sánchez sea condenado al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos, así como al decomiso de todos los bienes obtenidos de manera ilícita a través de las operaciones fraudulentas.
También se pide su inhabilitación permanente para contratar con el Estado o prestar cualquier tipo de servicio público.
Caso emblemático de corrupción
Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, lo arrestaron en 2020 como parte de la Operación Antipulpo, un expediente de alto perfil que sacó a la luz una compleja red de corrupción que operaba desde el corazón del poder durante el pasado gobierno.
Según la acusación del Ministerio Público, Medina Sánchez utilizó su parentesco con el entonces presidente para obtener contratos millonarios con instituciones del Estado, en un esquema de tráfico de influencias, sobornos y lavado de dinero.
Lavado de activos y enriquecimiento ilícito
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha sustentado que Alexis Medina lideró un entramado empresarial que recibía fondos públicos mediante licitaciones simuladas y contratos amañados.
Los recursos, según los fiscales, los lavaban a través de empresas fachada, bienes inmuebles, cuentas bancarias y otras maniobras financieras para ocultar su origen ilícito.
Ministerio Público reitera compromiso con la justicia
El Ministerio Público indicó que esta solicitud de condena representa un paso firme en la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Los recursos del pueblo dominicano deben protegerse y quienes los malversen deben enfrentar todo el peso de la ley”, expresó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso en una reciente audiencia.
El juicio continúa en desarrollo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se espera que el tribunal decida sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas y la sentencia solicitada por el órgano acusador.