MP recupera fondos desviados de Adess y mantiene en prisión preventiva a dos exempleados vinculados al fraude

Exempleados de Adess, Mariano Ramírez e Ismael Suero, fueron identificados en un esquema de desvío de subsidios; el Ministerio Público recuperó los fondos y los implicados están en prisión preventiva.

La Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la División de Delitos Informáticos (DIDI) informaron que recuperaron los fondos sustraídos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), tras detectar un esquema de desvío de subsidios en perjuicio de beneficiarios del programa Supérate en la provincia La Vega.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta el 6 de marzo de 2025 por la Adess, luego de que varios beneficiarios reportaran no haber recibido los fondos asignados por el programa social.

De acuerdo con el expediente, dos exempleados de la institución fueron identificados como los responsables del acceso y obtención ilícita de los fondos. Se trata de Mariano Alberto Ramírez Hilario, exempleado de la Dirección de Tecnología de la Información, y Ismael Suero Nova, exanalista del área de base de datos, quien había sido desvinculado desde noviembre de 2024.

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Usó credenciales de acceso sin autorización

Según el Ministerio Público, tras su salida de la entidad, Suero Nova utilizó sus credenciales de acceso para ingresar sin autorización al sistema y modificar las cuentas bancarias de los beneficiarios, sustituyéndolas por las de familiares, exempleados y allegados, con el objetivo de desviar los subsidios correspondientes al programa Valle Nuevo Agricultura Familiar.

Una auditoría forense realizada por técnicos de la Pedatec permitió rastrear las operaciones irregulares y determinar la identidad de los responsables.
El Ministerio Público logró recuperar la totalidad de los fondos desviados, que fueron remitidos nuevamente a la Adess, hoy Dirección de Desarrollo Social, conforme al Decreto 160-2025.

Los implicados

Ambos implicados cumplen prisión preventiva como medida de coerción, mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger los recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables y advirtieron que mantendrán vigilancia permanente sobre los sistemas tecnológicos de gestión social.