MP piden prisión y variación de medida contra Elizabeth Silverio
El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la imposición de siete años de prisión contra Elizabeth Silverio Silien, imputada por usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland), donde ofrecía servicios especializados sin contar con las acreditaciones legales requeridas para ejercer.
El órgano acusador también requirió la variación de la medida de coerción a prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el incremento del peligro de fuga, ya que la procesada fue condenada en un primer juicio y enfrenta la probabilidad de una nueva sentencia. A esto se suma, según el Ministerio Público, el impacto social del caso y el daño causado a múltiples familias. Además, solicitó la imposición de una multa de 50 salarios mínimos y el decomiso de las pruebas ocupadas durante el proceso investigativo.
Fallo será emitido el 14 de abril
Tras la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, la parte querellante y la defensa, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, dio por cerrados los debates y se retiró a deliberar.
El tribunal fijó la lectura del fallo para el martes 14 de abril de 2026 a las 2:00 de la tarde, fecha en la que se conocerá la decisión final sobre este caso, que ha generado gran atención pública por la naturaleza de los hechos y el impacto en las familias afectadas.
Esquema de supuestas estafa contra familias con niños con tea
Durante la presentación de sus conclusiones, las representantes del Ministerio Público, Magalys Sánchez y Laura Vargas, sostuvieron que la imputada desarrolló un esquema sistemático de estafa dirigido a padres de niños con Trastorno del Espectro Autista, aprovechándose de la vulnerabilidad emocional y la necesidad de atención especializada de estas familias.
Según la acusación, Silverio se hacía pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, utilizando credenciales inexistentes para ofrecer servicios de evaluación, diagnóstico y terapias. Este engaño le permitió generar confianza en los padres, quienes acudían a su centro en busca de soluciones para sus hijos, sin saber que estaban siendo atendidos por una persona sin la preparación necesaria.
Sin títulos, sin permisos y con documentos falsos
El Ministerio Público explicó a la jueza que, tras iniciar una investigación objetiva, se confirmó que la imputada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones de la salud. Estas conclusiones fueron respaldadas por certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.
Como parte de su accionar, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una formación profesional que no tenía. Estas maniobras le permitieron operar durante un tiempo, captar pacientes y sostener el funcionamiento de su centro bajo una imagen de legitimidad.
Las pruebas testimoniales presentadas ante el tribunal, especialmente las ofrecidas por los padres de los menores afectados, evidenciaron que la imputada realizaba evaluaciones clínicas, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin ningún aval profesional, llegando incluso a diagnosticar condiciones inexistentes.
Estas acciones provocaron afectaciones en la salud de los niños, así como retrasos significativos en la aplicación de tratamientos adecuados con profesionales certificados, lo que agravó la situación de varios pacientes. El Ministerio Público destacó que este tipo de prácticas no solo constituyen un delito, sino que también generan consecuencias profundas en el desarrollo de los menores.
Asimismo, se estableció que el centro operado por la acusada funcionaba sin las habilitaciones requeridas por las autoridades competentes, por lo que fue clausurado posteriormente por el Ministerio de Salud Pública tras comprobarse múltiples irregularidades en su funcionamiento.
Fines lucrativos y delitos imputados
De igual forma, informes financieros incorporados al expediente evidencian que la actividad desarrollada por Silverio tenía un claro fin lucrativo, permitiéndole percibir ingresos significativos a partir de los servicios ofrecidos. Esto refuerza la tesis del Ministerio Público de que el engaño fue utilizado como un mecanismo para obtener beneficios económicos.
El órgano persecutor calificó el caso como sumamente grave, debido a que involucra a víctimas en condición de vulnerabilidad, como lo son niños que requieren atención especializada, y cuyas familias depositaron su confianza en la acusada con la esperanza de encontrar soluciones efectivas.
En ese sentido, indicó que la conducta de la imputada se enmarca en los delitos de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, así como a disposiciones de la Ley General de Salud y la normativa de protección de niños, niñas y adolescentes.