El Ministerio Público solicitará penas que van desde cinco hasta veinte años de prisión contra los implicados en la presunta red de corrupción desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G, acusada de provocar un desfalco superior a los RD$4,500 millones al Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) se encuentra en la fase final de presentación de conclusiones.
En ellas mantiene las acusaciones contra más de 30 personas y 18 empresas que, según la investigación, formaban parte de un entramado con vínculos religiosos y militares que operaba en entidades como el CUSEP, el CESTUR y el CONANI, principalmente a través del abultamiento irregular de nóminas.
La directora de la PEPCA, Mirna Ortiz, explicó que a cada imputado se le atribuyen delitos graves, por lo que las penas solicitadas variarán según la responsabilidad individual. Aseguró que el expediente cuenta con pruebas sólidas que sustentan las acusaciones y permiten aspirar a condenas.
Entre los cargos figuran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de corrupción y porte ilegal de armas de fuego.
En el grupo señalado se encuentran Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Flete, Boanerges Reyes Batista, además de militares, policías y civiles.
Las defensas, sin embargo, sostienen que el Ministerio Público ha sido contradictorio en sus planteamientos y que no existen pruebas suficientes para sustentar las imputaciones.
Una vez la Fiscalía concluya su exposición y formalice la solicitud de condenas, corresponderá a los acusados presentar su defensa técnica y material, iniciando por quien es señalado como cabecilla de la red, Adán Cáceres.
El proceso entra así en una etapa decisiva que definirá el futuro judicial de uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en el país.