x
El Ministerio Público presentó un amplio listado de maniobras ilícitas que, según la investigación, conformaron las características del entramado de corrupción establecido dentro de SeNaSa para estafar al Estado dominicano durante la gestión de Santiago Hazim. La acusación describe un sistema organizado que operó desde la estructura interna del seguro estatal, manipulando procesos administrativos, financieros y tecnológicos con el fin de desviar fondos públicos y generar beneficios económicos ilícitos para funcionarios, testaferros y empresas asociadas.
Según el expediente, la red encabezada por Hazim materializó operaciones fraudulentas y de lavado de activos, utilizando roles jerárquicos clave —incluyendo directores, gerentes financieros y consultores jurídicos— para ejecutar un esquema coordinado de fraude y ocultamiento. Parte de estas maniobras incluyó la conversión y transporte de ganancias ilícitas, así como el uso de compañías instrumentales para ocultar el origen del dinero proveniente de la corrupción.
La acusación señala que el grupo desafió e ignoró las advertencias de los organismos de control, incluso cuando técnicos internos alertaron que la manipulación del bordereau podía provocar sanciones regulatorias severas. Pese a ello, la red continuó operando, evidenciando —según la Procuraduría— que el interés de distraer fondos era mayor que el temor a ser descubiertos.
Uno de los elementos más graves es el incremento fraudulento de facturación en perjuicio de SeNaSa, mediante la manipulación de tratamientos médicos. El documento detalla sobretratamientos a pacientes oncológicos, aumento injustificado de sesiones de radioterapia y quimioterapia, colocación de stents coronarios innecesarios, cirugías por lesiones inexistentes y hasta facturación de hemodiálisis a personas fallecidas. También se reportaron endoscopías y colonoscopías realizadas a pacientes sin indicación clínica alguna.
El Ministerio Público sostiene que los implicados adquirieron bienes a nombre de testaferros para ocultar el patrimonio derivado del desfalco, al tiempo que manipularon la lealtad de funcionarios menores, ofreciéndoles beneficios y estabilidad laboral para asegurar su cooperación en las operaciones ilícitas. La investigación también documenta esfuerzos por obstruir el proceso judicial, ocultando información y retrasando entregas de datos requeridos por los fiscales.
La estructura corrupta impactó de manera directa la estabilidad financiera de la institución. El expediente indica que las maniobras fraudulentas afectaron las Reservas Técnicas de SeNaSa por un monto que supera los RD$ 15,921 millones al cierre de 2024. A esto se suma la adjudicación de contratos fraudulentos a cambio de sobornos, y la creación de una red de empresas de carpeta dedicada a emitir cientos de facturas ficticias para dar apariencia de legalidad al dinero proveniente de los sobornos exigidos a prestadores privados.
La red también negoció ilegalmente códigos de prestadores, reactivando servicios previamente cancelados para garantizar complicidad dentro del sector salud. Asimismo, se emitieron miles de facturas falsas por servicios inexistentes, que se usaban como justificación para extraer fondos que luego eran convertidos en sobornos. Estos montos, una vez transferidos, se retiraban en efectivo o eran enviados al extranjero para su ocultamiento, completando así el ciclo del lavado de activos.
Otro de los pilares del esquema fue la adulteración crónica de los estados financieros. El Ministerio Público explica que se instruyó al personal de Contabilidad, Tecnología y Análisis Financiero a manipular el bordereau y falsificar registros para encubrir el déficit real de la institución. Esto permitió mantener una imagen de solvencia ficticia ante organismos reguladores mientras se sostenía la sustracción de fondos.
La acusación detalla que la red distrajo recursos destinados a las Reservas Técnicas, instrumentalizó a personal de tecnología para manipular la base de datos oficial, cooptó a funcionarios estratégicos y violentó los controles internos mediante la creación de un “sub-registro” diseñado para ocultar el verdadero volumen de obligaciones financieras de SeNaSa.
Finalmente, el Ministerio Público concluye que el entramado criminal operó como una estructura de crimen organizado dentro del seguro estatal, obstruyó sistemáticamente toda iniciativa de transparencia y creó “programas especiales” fraudulentos utilizados como canales para recibir sobornos millonarios.
Este conjunto de maniobras, señala la Procuraduría, evidencia un sistema de corrupción institucionalizada con ramificaciones en el sector privado y cuyo impacto provocó un daño millonario al patrimonio público y a la sostenibilidad del sistema de salud financiado por el Estado.