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El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso SeNaSa, luego de completar las diligencias preliminares vinculadas al presunto esquema de corrupción que habría operado dentro de la entidad aseguradora estatal.
La solicitud fue presentada dentro del plazo legal de 48 horas y está dirigida contra los arrestados en los allanamientos realizados durante el fin de semana, entre ellos el exdirector Santiago Hazim y varios colaboradores, a quienes se les imputan delitos como estafa al Estado, sobornos, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
El expediente incluye evidencias recopiladas mediante allanamientos, entrevistas, documentos financieros y análisis de movimientos administrativos atribuibles a la supuesta red que operaba desde la estructura interna de SeNaSa. La Procuraduría sostiene que las maniobras fraudulentas generaron un perjuicio millonario al patrimonio público.
Con el depósito formal, corresponde ahora a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar la fecha de la audiencia en la que se conocerán las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público. Entre las opciones habituales están prisión preventiva, impedimento de salida, garantías económicas y presentación periódica.
El órgano acusador considera que la naturaleza del caso, el riesgo de obstrucción del proceso y la gravedad de los hechos justifican la imposición de medidas restrictivas. Mientras tanto, varias personas y entidades continúan bajo investigación y podrían ser sometidas conforme avancen las indagatorias.
La Procuraduría reafirmó que el proceso se realiza bajo el marco legal correspondiente y que busca garantizar la recuperación de fondos públicos y la sanción penal de los responsables.