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El Ministerio Público informó el miércoles que culminó la presentación de pruebas testimoniales contra los acusados en el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G. Este entramado defraudó al Estado con más de RD$4,500 millones. Con esta etapa concluida, el órgano acusador avanza hacia la fase final de la presentación probatoria.
Durante la audiencia fueron escuchados varios testigos claves, entre ellos, Cipriano Agustín, tesorero de la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo. Él reveló que, pese a ser el encargado de las finanzas, no tenía conocimiento de los RD$9 millones entregados por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre.
La información detalla que esos fondos fueron para la compra de un inmueble a nombre de la iglesia en la calle Jonas Salk, en Ciudad Universitaria. Agustín aseguró que se enteró de la transacción únicamente a través de los medios de comunicación. Este descubrimiento se produjo tras el estallido del caso Coral.
Durante la jornada, el órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez. Ellos continúan desahogando pruebas que demuestran la magnitud del entramado de corrupción militar, policial y religioso.
También, declaró la fiscal Rosa Alba García, quien participó en varios allanamientos relacionados con el proceso. Uno de ellos, realizado en la residencia de Lucía de los Santos Viola, en Cabirma del Este, Santo Domingo Este. En el lugar ocuparon documentos de propiedad administrados por ella. Sin embargo, estos documentos correspondían realmente a su hermano, el general de brigada Julio Camilo De los Santos Viola, y a Adán Benoni Cáceres Silvestre.
La fiscal García agregó que Lucía de los Santos Viola entregó de manera voluntaria al Ministerio Público una yipeta Toyota 4 Runner, año 2018. Este vehículo estaba registrado a su nombre. Sin embargo, pertenecía en realidad a su hermano Julio Camilo De los Santos Viola. Esto evidencia su papel como testaferro en la red criminal.
Asimismo, el fiscal Jensy Víctor declaró que en un allanamiento a la residencia de Julio Camilo De los Santos Viola, se ocupó un polígrafo propiedad del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). Esto ocurrió pese a que el acusado no tenía ya funciones en esa entidad. Este hecho evidencia un caso de desfalco.
Víctor añadió que, en otro allanamiento, realizado en una propiedad turística ubicada en el condominio Las Velas AT, en Juan Dolio, se ocuparon documentos y recibos de pago de mantenimiento. Estos documentos demostraron que el verdadero propietario del inmueble es el coronel Rafael Núñez de Aza, junto a su hija mayor Summer Laurice Núñez. El bien figura a nombre de la empresa Unido Real State e Inversiones SRL, de la imputada Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo Tanner Flete Guzmán. Este es el mecanismo utilizado para ocultar propiedades. Núñez de Aza no podía justificar tales propiedades con ingresos lícitos.
Con estas declaraciones, el Ministerio Público cerró la etapa de testigos y peritos. En total, se acumulan 282 testimonios y peritajes, 1,076 pruebas documentales, 29 pruebas materiales y 132 informes periciales.
Ahora el proceso judicial avanza a la incorporación de las pruebas documentales y materiales. Este es un trámite de exhibición y estipulación que precede a la presentación de las pruebas de la defensa de los imputados.
La audiencia, presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo jueves 14 de agosto de 2025.