El Ministerio Público arrestó a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, situado en Santiago de los Caballeros, en el marco de la investigación por el fallecimiento de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien murió ahogada durante una excursión organizada por el centro educativo.
Las detenciones se produjeron como parte de las indagatorias por homicidio involuntario, al determinarse presunta responsabilidad administrativa y de supervisión en las actividades realizadas durante la salida escolar. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad requeridos para este tipo de actividades.
Según el Ministerio Público, la investigación se centra en la organización, supervisión y toma de decisiones adoptadas antes y durante la excursión en la que ocurrió la tragedia.
Las personas arrestadas por su presunta vinculación con el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Colegio Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Todas forman parte del personal directivo y administrativo del centro educativo y fueron puestas bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.
El órgano persecutor evalúa si existieron fallas en la planificación de la excursión, la supervisión de los estudiantes y la adopción de medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo.
Las autoridades también revisan los permisos, protocolos internos del centro y la actuación del personal a cargo del grupo de estudiantes.
Los arrestados serán presentados ante un juez de la Oficina de Atención Permanente en las próximas horas, donde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción conforme a lo establecido en la ley.
El caso ha causado conmoción en la comunidad educativa de Santiago, mientras familiares, estudiantes y docentes esperan el avance del proceso judicial para determinar responsabilidades en la muerte de la menor.