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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre presuntas ocupaciones ilegales, afectaciones ambientales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, entre ellas el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Para estos fines, la magistrada dispuso la conformación de una fuerza de tarea especial integrada por titulares de distintas dependencias especializadas del Ministerio Público, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.
La disposición establece que la investigación deberá abarcar “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”.
El objetivo principal es “determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural”, según indica la instrucción emitida por la Procuraduría General.
Asimismo, la procuradora ordenó que la fuerza de tarea elabore, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en los 134 espacios que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Al sustentar la medida, Reynoso destacó que la conservación de las áreas protegidas es fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la población.
“La conservación y preservación de las áreas protegidas, representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, aseguran la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer a la sociedad dominicana en las presentes y futuras generaciones”, expresó.
El Ministerio Público indicó que esta acción forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la persecución de los delitos ambientales, especialmente aquellos que afectan ecosistemas clave para la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible del país.
La institución explicó que esta disposición implica un reenfoque en la lucha contra los delitos ecológicos, los cuales serán tratados con el mismo nivel de rigurosidad que el crimen organizado, debido a su impacto directo y, en muchos casos, irreversible sobre el patrimonio natural y las futuras generaciones.
