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El monitoreo preventivo no es más que una alerta automatizada emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) durante el desarrollo de un proceso de contratación pública. Su finalidad es identificar de manera anticipada posibles errores, omisiones o incumplimientos de la normativa para que la institución pueda corregirlos antes de que el proceso concluya.
Cuando esta herramienta comenzó a implementarse, muchas unidades de compras la percibieron como una carga adicional y un mecanismo para señalar errores. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación núm. 52-26, el monitoreo preventivo ha demostrado ser un aliado para fortalecer la transparencia, reducir riesgos y mejorar la calidad de los procesos, apoyándose cada vez más en plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial.
Aun así, este avance también plantea un desafío: las unidades de compras necesitan capacitación continua, herramientas tecnológicas y respaldo institucional para responder a las crecientes exigencias técnicas y jurídicas.
La inteligencia artificial puede detectar una observación en cuestión de segundos, pero el análisis de cada caso y la toma de decisiones siguen dependiendo del criterio humano. El verdadero reto es que ambos trabajen de la mano para construir un sistema de contrataciones públicas más eficiente, transparente y preventivo.